El exfuncionario busca acceder a pruebas antes de responder por 20 inconsistencias detectadas por el fiscal Pollicita.
El exjefe de Gabinete Manuel Adorni solicitó una prórroga de 15 días para responder al requerimiento de justificación patrimonial presentado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito. El plazo original vence este miércoles y la defensa, encabezada por el abogado Matías Ledesma, presentó un escrito ante el juez federal Ariel Lijo para pedir una extensión.
Según argumentó la defensa, todavía necesita acceder y revisar un conjunto de archivos y conversaciones que fueron mencionados por el fiscal en su requerimiento. Por ese motivo, pidió contar con más tiempo antes de presentar las explicaciones sobre el origen de los bienes y fondos cuestionados.
La solicitud deberá ser analizada por Lijo, titular del Juzgado Federal N° 4 de Comodoro Py. Antes de resolver, el magistrado puede escuchar la opinión de la fiscalía.
El fiscal detectó 20 inconsistencias
El requerimiento de Pollicita fue presentado el 10 de agosto y consta de 207 páginas, allí, el fiscal planteó una veintena de interrogantes sobre el patrimonio de Adorni y de su esposa durante el período comprendido entre diciembre de 2023 y junio de 2026.
De acuerdo con el dictamen, durante ese período el matrimonio registró ingresos por $229.752.283,20 correspondientes a haberes del exfuncionario y de su esposa. Sin embargo, los gastos en pesos analizados por la fiscalía alcanzaron los $272.820.832,20. La diferencia entre ambos montos es de $43.068.549, una suma que, según la investigación, todavía requiere explicación.
A esto se agregan gastos realizados en moneda extranjera por USD 402.578,12, la fiscalía los vinculó con la adquisición y remodelación de propiedades, mobiliario, alquileres temporarios y viajes al exterior.
Entre los puntos que Manuel Adorni deberá aclarar aparece también el origen de dólares en efectivo declarados bajo el concepto “venta de activos”. El fiscal pidió precisar qué bienes fueron vendidos, quiénes fueron los compradores y qué documentación respalda esas operaciones.
Criptomonedas, propiedades y préstamos
Imagen: Crónica
La fiscalía detectó fondos en una billetera virtual que habría sido validada con la identidad de Adorni y que, según el dictamen, no fueron declarados ante la Oficina Anticorrupción. También deberá explicar la existencia y el origen de préstamos familiares atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo, además de la procedencia del dinero utilizado para adquirir un vehículo Jeep.
En relación con el lote 380 del country Indio Cuá, la fiscalía pidió explicar por qué la propiedad figura exclusivamente a nombre de su esposa y cuál fue el origen de los USD 245.000 abonados en efectivo al contratista Matías Tabar por trabajos de remodelación.
El requerimiento también incluye interrogantes sobre declaraciones juradas rectificativas correspondientes a 2023, pagos y consumos realizados mediante tarjetas de crédito de terceros, la cancelación de deudas con el Banco Galicia y acreditaciones no salariales registradas en su cuenta sueldo del Banco Nación.
Fuertes críticas en redes sociales
Imagen: Impulso Baires
El pedido de prórroga generó fuertes cuestionamientos en redes sociales, donde usuarios criticaron la decisión de Adorni y apuntaron contra el tiempo que lleva la investigación sin que el exfuncionario haya presentado todavía sus explicaciones.
“Adorni sigue pidiendo prórroga para presentar a la Justicia la Declaración Jurada, no le cierra el dibujo”, escribió un usuario, en referencia a las dudas planteadas por la fiscalía sobre su patrimonio.
Otros cuestionaron que, pese a los meses transcurridos desde el inicio de la investigación, todavía no haya logrado justificar los gastos observados. “Más de 6 meses que empezaron a saltar las matufias de Adorni y todavía no pudo terminar de dibujar la declaración jurada”, publicó otra persona.
También hubo críticas vinculadas a su formación profesional. “Adorni es contador, además”, señaló un usuario, mientras que otro cuestionó que los 151 días transcurridos desde el inicio del proceso judicial no hayan sido suficientes para explicar los gastos millonarios atribuidos al exfuncionario.
