La medida judicial alcanza declaraciones fiscales en Buenos Aires y busca esclarecer pagos de propiedades y remodelaciones millonarias del ex vocero presidencial.
El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti ante ARBA, dentro de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. La resolución abarca los pagos efectuados para adquirir una vivienda en el country Indio Cuá, así como impuestos y tasas asociadas. También alcanza un departamento heredado en La Plata y un inmueble en Morón vinculado a la esposa.
La pesquisa incluye un exhaustivo análisis de ingresos y gastos, considerando las declaraciones juradas presentadas por Adorni.
¿Cuál es la extensión de la resolución judicial?
La resolución, solicitada por el fiscal Gerardo Policcitta, también incluye a familiares y terceros vinculados a la pareja. Entre ellos se encuentran Silvia País, madre de Adorni, y Norma Zuccolo; además de Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, jubiladas que vendieron un departamento en Caballito, y dos policías que prestaron dinero para la hipoteca de otra propiedad.
Este levantamiento del secreto fiscal se suma a medidas anteriores, que habían liberado los secretos bancarios y financieros de Adorni, Angeletti y la firma Innovación Profesional.
¿Y la plata de los viajes?
La investigación incluye un peritaje contable detallado de ingresos y gastos, comparando la información con las declaraciones juradas presentadas por Adorni ante la oficina anticorrupción.
Se analizan también los gastos de viajes del funcionario y su familia, gracias a datos suministrados por Aerolíneas Argentinas, Delta Airlines y LATAM. Entre los destinos registrados figuran Punta Cana, Cancún, Mendoza, Tucumán, Iguazú, Mar del Plata y el trayecto Nueva York-Ezeiza del 14 de marzo de 2026, tras participar en el evento “Argentina Week”.
En total, la Justicia tiene registrados 18 viajes realizados por la pareja, evaluando pasajes, estadías y excursiones.
Remodelaciones de la propiedad: cifras millonarias
Imagen: Perfil
El contratista Matías Tabar declaró haber coordinado las refacciones de la casa del country Indio Cuá, con un costo total de 245.929 dólares. Los pagos se realizaron en efectivo y sin facturación, considerando adelantos de 35.000 y 20.000 dólares en noviembre y diciembre de 2024, seguidos de 30.000 en abril, 100.000 en mayo, 30.000 en junio, 50.000 en julio y un saldo de 20.929 dólares al finalizar las obras.
La remodelación incluyó entrada y pérgola, galería, pintura interior, enduido, reparación de paredes, pisos de porcelanato, revestimiento exterior, reformas en parrilla, pileta con jacuzzi y cascada, mesadas e isla de cocina, iluminación, muebles y aberturas.
Se registraron cinco pedidos de carpintería, sumando muebles de baño, living, comedor y dormitorios, adquiridos a medida y abonados en dólares, todo documentado con fotos, videos, renders, presupuestos y remitos.
A su vez, Adorni contrató nuevamente a Tabar para remodelar muebles del semipiso adquirido en Caballito, incluyendo mesa de comedor, mesas ratonas, vajillero, rack para TV, mesa consola y espejo.
Los trabajos se realizaron entre enero y febrero de 2026, también con pagos en efectivo y dólares, reforzando la necesidad de determinar el origen de los fondos utilizados.
Contexto judicial, político y el apoyo de Milei
Imagen: eldiario.es
En paralelo, el juez federal Daniel Rafecas archivó otro expediente por el viaje de la esposa de Adorni en avión oficial, tras el dictamen de la fiscal Alejandra Mangano que descartó perjuicio económico al Estado.
Sin embargo, el expediente actual por presunto enriquecimiento ilícito continúa con medidas de investigación estrictas, y el fiscal Policcitta analiza si los gastos en viajes, propiedades y remodelaciones coinciden con los ingresos declarados por el funcionario.
Mientras otros funcionarios se apartaron ante cuestionamientos menores y Patricia Bullrich pide su renuncia, Adorni mantiene respaldo político de otros pesos pesados del gobierno y de Javier Milei, lo que genera críticas sobre la equidad en el control de la administración pública y la aplicación de normas anticorrupción.
