El jefe de Gabinete y Bettina Angeletti adhirieron al esquema para no explicar de dónde vienen sus fondos mientras avanza una causa por su patrimonio.
El jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, solicitaron incorporarse al Régimen Simplificado de Ganancias contemplado en la Ley 27.799, conocida públicamente como Ley de Inocencia Fiscal. El trámite fue realizado ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y regirá para el período fiscal 2025.
La decisión tomó relevancia pública porque se produjo en medio de una investigación judicial que busca determinar si existió un incremento patrimonial injustificado por parte del funcionario nacional, la causa analiza la evolución de sus bienes, la adquisición de inmuebles, gastos personales y movimientos financieros.
Según registros administrativos, Angeletti había adherido al régimen a fines de mayo, mientras que Adorni completó el trámite en los primeros días de junio. Desde el entorno del funcionario sostienen que la medida no implica el blanqueo de dinero ni la regularización de fondos no declarados previamente.
Fuentes cercanas al jefe de Gabinete aseguran que el régimen fue utilizado únicamente como una herramienta de simplificación tributaria y remarcan que no se incorporaron dólares ni activos ocultos al sistema.
¿Qué es el régimen de Inocencia Fiscal?
La Ley 27.799 fue impulsada por el Gobierno nacional como una reforma destinada a simplificar el sistema tributario. La normativa permite que quienes adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias tributen en función de los ingresos declarados, sin que el crecimiento patrimonial sea considerado automáticamente para determinar el impuesto a pagar.
Además, el sistema habilita a ARCA a confeccionar de manera preliminar la declaración jurada utilizando la información disponible en sus bases de datos. Luego, el contribuyente puede revisar, modificar o confirmar los datos antes de presentarla.
La legislación tampoco establece restricciones para funcionarios públicos ni para Personas Expuestas Políticamente (PEP), por lo que integrantes del Gobierno nacional pueden adherirse al régimen en igualdad de condiciones que cualquier otro contribuyente.
No obstante, especialistas remarcan que el denominado “tapón fiscal” previsto por la norma tiene efectos exclusivamente tributarios y no implica inmunidad frente a investigaciones judiciales de otra naturaleza.
La investigación patrimonial sigue su curso
Imagen: Página 12
Más allá de la adhesión al régimen, Adorni deberá continuar respondiendo ante la Justicia federal por el crecimiento de su patrimonio, la causa está radicada en los tribunales de Comodoro Py y es impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, bajo la supervisión del juez Ariel Lijo. La investigación busca determinar si existe una diferencia injustificada entre los ingresos declarados por el funcionario y el nivel de gastos, inversiones y bienes incorporados en los últimos años.
Entre los puntos bajo análisis aparecen la compra de un semipiso en el barrio porteño de Caballito, obras realizadas en una vivienda ubicada en un country de Exaltación de la Cruz, viajes dentro y fuera del país, consumos con tarjeta de crédito y la adquisición de una camioneta.
También se investiga cómo planeaba cancelar una deuda cercana a los 335.000 dólares con distintos acreedores sin desprenderse de otros bienes que poseía antes de asumir funciones en el Gobierno.
Por pedido del fiscal, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) trabaja en un informe contable destinado a establecer si existió un incremento patrimonial injustificado y, en caso afirmativo, cuál sería su magnitud.
Los investigadores cruzan información vinculada a ingresos, gastos corrientes, movimientos bancarios, deudas, inversiones y pagos asociados a la compra de propiedades. El resultado de ese análisis podría conocerse entre fines de junio y las primeras semanas de julio.
Criptomonedas, viajes y otra causa paralela
Imagen: Mendoza Post
La Justicia ya cuenta con información sobre movimientos y billeteras virtuales vinculadas al funcionario, aunque no descarta la existencia de otros activos digitales que todavía no hayan sido identificados.
En paralelo, existe otra investigación relacionada con la relación de Adorni con el periodista Marcelo Grandio y la productora ImHouse, ese expediente analiza posibles dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.
Uno de los hechos bajo la lupa es un viaje realizado durante el feriado de Carnaval a Punta del Este en un avión privado utilizado por Adorni, su esposa y sus hijos, el vuelo habría tenido un costo total de 7.830 dólares. El funcionario sostuvo públicamente que abonó la parte correspondiente a su familia y deberá presentar la documentación respaldatoria ante la Justicia para acreditarlo.
¿Cuáles son las explicaciones que deberá dar pese al beneficio fiscal?
Aunque el jefe de Gabinete y su esposa se incorporaron al régimen de Inocencia Fiscal, la adhesión no reemplaza ni suspende las investigaciones judiciales en curso. Si los informes contables concluyen que existen inconsistencias patrimoniales, la Justicia podrá exigir explicaciones detalladas sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir bienes, realizar inversiones o afrontar determinados gastos.
En ese escenario, Adorni deberá justificar la evolución de su patrimonio mediante documentación respaldatoria, independientemente de los beneficios tributarios previstos por la Ley 27.799. La presentación de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, que desde su entorno aseguran será inminente, tampoco evitaría una eventual citación judicial.
Si las explicaciones no resultan suficientes para despejar las sospechas, el expediente podría avanzar hacia una declaración indagatoria en los tribunales federales.
