La resolución se conoció días antes de una nueva jornada nacional de protesta de docentes y estudiantes de universidades públicas.
La Justicia Federal ordenó al Gobierno aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto mediante el cual el Ejecutivo había condicionado su entrada en vigencia. El juez Martín Cormick sostuvo que el Poder Ejecutivo no podía introducir una limitación a una norma que había sido ratificada por el Congreso tras el rechazo al veto presidencial.
El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires y declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025.
Ese decreto había promulgado la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, pero al mismo tiempo había condicionado su aplicación a que se determinaran las fuentes de financiamiento y se incorporaran las partidas correspondientes al Presupuesto.
Para Cormick, esa condición no podía sostenerse después de que el Congreso rechazara el veto presidencial y ratificara la ley con una mayoría de dos tercios. Según el magistrado, el Ejecutivo debía promulgarla sin introducir una limitación que, en los hechos, impedía su aplicación.
El fallo sostiene que el mecanismo utilizado por el Gobierno funcionó como una suerte de nuevo veto que no está contemplado por la Constitución. Por eso, ordenó al Poder Ejecutivo dictar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para ejecutar la ley.
¿Cuál es el argumento del Gobierno?
La representación del Ministerio de Capital Humano y de la Secretaría de Educación defendió la legalidad del decreto. Su planteo fue que el Ejecutivo no había decidido suspender la norma por voluntad propia, sino que había aplicado las limitaciones previstas en leyes anteriores vinculadas con la administración financiera.
El Gobierno también sostuvo que poner en marcha la Ley de Financiamiento Universitario implicaría una erogación superior al billón de pesos. De acuerdo con su presentación judicial, ese monto representaría más del 90% de los créditos disponibles del Estado y pondría en riesgo el equilibrio fiscal de la Administración Pública Nacional.
Imagen: Periferia
El juez rechazó ese razonamiento y, entre sus fundamentos, señaló que la propia Ley 27.795 contempla mecanismos para atender su financiamiento, entre ellos la posibilidad de reasignar partidas y utilizar incrementos de la recaudación corriente por encima de las previsiones.
Cormick también consideró que no correspondía que el Ejecutivo priorizara restricciones establecidas en normas generales anteriores por sobre una ley especial y posterior aprobada por el Congreso.
¿Qué cambia para las universidades?
La resolución ordena avanzar con la aplicación de la ley en aspectos que abarcan la recomposición salarial de docentes y no docentes, las becas estudiantiles, los gastos de funcionamiento y otras partidas destinadas a las instituciones. El fallo además tomó en cuenta los acuerdos alcanzados en junio entre el Gobierno, el CIN y los gremios universitarios.
En ese acuerdo se había establecido una actualización salarial del 24,33%, un incremento del 20% para los gastos de funcionamiento, $50.000 millones destinados a hospitales universitarios y una suba del 50% para las Becas Manuel Belgrano.
Paro y marcha federal
La definición judicial se conoce durante una nueva semana de medidas de fuerza en las universidades públicas. Este miércoles, trabajadores nodocentes, realizarán un paro para reclamar la aplicación de la ley y una recomposición salarial.
Imagen: La Nación
El conflicto tendrá además una movilización nacional el jueves 15 de octubre, cuando se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria. El acto central está previsto frente al Congreso de la Nación desde las 13.30.
En Mar del Plata, la comunidad universitaria también prepara una movilización, aunque todavía no fueron definidos el horario ni el punto de concentración. La protesta local se dará en medio del reclamo por la aplicación efectiva de la normativa y la situación salarial de docentes y nodocentes.
De esta manera, la resolución de Cormick agrega una definición judicial de fondo a un conflicto que ya había atravesado cautelares, recursos ante la Corte y distintas medidas de fuerza. El Gobierno deberá avanzar con las disposiciones necesarias para ejecutar una ley cuya aplicación había quedado condicionada por el decreto que el magistrado acaba de declarar inconstitucional.
