El Ejecutivo aplicaría el descuento sobre un valor de referencia en lugar de automatizarlo con cada suba. Rige a partir de los aumentos posteriores al 30 de junio.
El Gobierno nacional modificó el esquema de la tarifa social federal de la SUBE y estableció un nuevo mecanismo para calcular el descuento del 55% que reciben millones de usuarios del transporte público. Aunque el beneficio continuará vigente, dejará de actualizarse automáticamente cada vez que aumente el boleto en cada ciudad o provincia.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 40/2026 de la Secretaría de Transporte y representa un cambio en la forma en que el Estado financia el subsidio. A partir de ahora, el descuento se calculará sobre una “tarifa de referencia” fijada por Nación y no sobre el valor vigente del pasaje en cada jurisdicción.
Esto implica que, si un municipio o una provincia decide incrementar el precio del boleto, el aporte nacional permanecerá congelado hasta que la Secretaría de Transporte disponga una actualización de esas tarifas de referencia. De esta manera, la diferencia deberá ser afrontada por los usuarios beneficiarios.
¿Cómo cambia el cálculo del descuento?
Hasta el 30 de junio, los beneficiarios de la tarifa social obtenían un descuento equivalente al 55% del valor real del boleto que estuviera vigente en su ciudad, y cada aumento tarifario también incrementaba automáticamente el monto que aportaba el Estado nacional.
Con el nuevo esquema, ese mecanismo deja de existir, ya que el Gobierno mantendrá el descuento del 55%, pero únicamente sobre una tarifa de referencia, que para los servicios provinciales y municipales quedó fijada en el valor que tenía cada jurisdicción al 30 de junio de este año.
Eso significa que el porcentaje del beneficio no cambia, pero sí la base sobre la que se calcula. Si posteriormente aumenta el boleto, el subsidio nacional continuará tomando como referencia el valor anterior y ya no acompañará esas subas de manera automática.
Por ejemplo, si una ciudad eleva el precio del pasaje después del 30 de junio, el descuento seguirá calculándose sobre la tarifa vigente en esa fecha. Así, el usuario deberá pagar una porción mayor del boleto, salvo que el municipio o la provincia decidan cubrir esa diferencia con recursos propios.
Imagen: Clarín
¿Qué busca el Gobierno con la medida?
Desde la Secretaría de Transporte sostuvieron que el objetivo es desvincular el gasto nacional de las decisiones tarifarias que adopta cada jurisdicción y otorgar mayor previsibilidad al financiamiento del sistema.
Según explicaron, las actualizaciones de tarifas en provincias y municipios tienen ritmos diferentes y generaban incrementos automáticos en el costo del subsidio nacional, dificultando la planificación presupuestaria. Desde el gobierno señalaron que el nuevo mecanismo permite “establecer reglas claras y previsibles para el financiamiento del beneficio”.
El impacto en Mar del Plata
La modificación tendrá efectos concretos en ciudades donde el boleto continúa actualizándose por decisión de los gobiernos locales. En Mar del Plata, por ejemplo, el valor del pasaje vigente al 30 de junio de $1922 será el que se utilice como referencia para calcular el subsidio nacional en los próximos meses.
Cada nuevo aumento que apruebe el Municipio dejará una brecha entre el valor real del boleto y el monto sobre el que Nación financia el descuento. Llegado ese momento, los usuarios alcanzados por la tarifa social comenzarán a asumir una parte cada vez mayor del incremento si las tarifas de referencia no son actualizadas.
Imagen: Qué Digital
¿Quiénes mantienen el beneficio?
La resolución no modifica los requisitos para acceder a la tarifa social federal. Continúan incluidos jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas, Pensión Universal para el Adulto Mayor, becas Progresar, personal de casas particulares, monotributistas sociales, beneficiarios de prestaciones por desempleo, veteranos de Malvinas y titulares de distintos programas sociales del Ministerio de Capital Humano.
De esta manera, el Gobierno sostiene el alcance del beneficio, pero cambia la forma en que financia el descuento. A partir de ahora, los futuros aumentos del transporte dejarán de traducirse automáticamente en un mayor aporte del Estado nacional, trasladando esa diferencia a los usuarios o, eventualmente, a las administraciones provinciales y municipales que decidan compensarla.
