Montenegro busca endurecer las sanciones contra trapitos y limpiavidrios.

La propuesta sería para la provincia de Buenos Aires y contempla arrestos de hasta 90 días y agrava las penas en casos de amenazas o eventos masivos.

El senador provincial Guillermo Montenegro presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para modificar el Código de Faltas de la provincia e incorporar penas de arresto para quienes ejerzan de manera ilegal la actividad de trapitos, cuidacoches y limpiavidrios. 

El proyecto se enmarca en una de las principales políticas que impulsó durante su gestión en Mar del Plata, centrada en el orden del espacio público y el combate contra la actividad de los cuidacoches.

“La conducta será sancionable aun cuando la contraprestación económica sea presentada como voluntaria, colaboración, contribución o bajo cualquier otra denominación”, establece el proyecto.

¿Qué conductas busca sancionar el proyecto?

Además de penalizar la actividad de trapitos y limpiavidrios, la iniciativa incorpora nuevas figuras al Código de Faltas para sancionar a quienes reserven u ocupen espacios destinados al estacionamiento mediante conos, sogas, cadenas, vallas, cajones, carteles u otros elementos que impidan el libre uso del espacio público.El objetivo es evitar que particulares condicionen el estacionamiento en calles y avenidas y obtengan un beneficio económico mediante la apropiación indebida de lugares públicos.

El proyecto también contempla sanciones para quienes obstaculicen deliberadamente el uso de esos espacios, aún cuando no exijan dinero de manera directa.

Arrestos de hasta 90 días y penas agravadas

Imagen: Comisión por la memoria

Entre ellas figuran los casos en que el cobro se realice mediante intimidación, amenazas, hostigamiento o insistencia indebida hacia los automovilistas, también cuando se aproveche una situación de vulnerabilidad del conductor o cuando participen dos o más personas actuando de manera coordinada. Asimismo, el proyecto considera agravantes que el infractor tenga antecedentes por hechos similares, oculte deliberadamente su identidad o porte armas impropias o no convencionales.

Las penas también aumentan cuando la actividad sea organizada previamente o exista una estructura destinada a obtener beneficios económicos mediante el trabajo de trapitos o limpiavidrios. En esos casos, quienes organicen, coordinen, administren, financien, promuevan o exploten la actividad podrán recibir arrestos de entre 60 y 90 días, la sanción más alta prevista por la iniciativa.

Por otra parte, cuando las contravenciones se produzcan en inmediaciones de espectáculos deportivos, recitales u otros eventos masivos, los autores podrán recibir arrestos de entre 45 y 60 días, debido al mayor riesgo que representan esas situaciones por la concentración de personas y vehículos.

El proyecto también prevé multas para clubes, instituciones u organizadores de eventos cuando se compruebe su participación directa o indirecta en estas prácticas, e incluso habilita la intervención de la autoridad competente cuando existan indicios de participación, protección o connivencia de funcionarios públicos o integrantes de fuerzas de seguridad.

Como medida complementaria, la iniciativa autoriza el secuestro preventivo de los elementos utilizados para desarrollar la actividad, como baldes, escurridores, conos, vallas o carteles. Además, establece que las denuncias podrán realizarse mediante la línea provincial 148 o a través de los canales que disponga cada municipio.

Los fundamentos del proyecto y el antecedente en Mar del Plata

Imagen: La Capital de Mar del Plata

En los fundamentos de la iniciativa, Montenegro sostiene que la propuesta no busca criminalizar situaciones de vulnerabilidad social, sino establecer límites frente a conductas que afectan la convivencia y restringen derechos de terceros. Según argumenta, la actividad de trapitos y limpiavidrios dejó de ser una práctica aislada para transformarse, en muchos casos, en una modalidad organizada que genera conflictos en distintos municipios bonaerenses.

El proyecto toma como antecedente la política implementada por Montenegro durante su gestión al frente de General Pueyrredon, donde impulsó numerosos operativos contra cuidacoches y limpiavidrios en distintos sectores de Mar del Plata.

La problemática volvió a mostrarse hace pocas semanas, cuando vecinos y comerciantes de Playa Grande realizaron una convocatoria para reclamar mayor seguridad en la zona de Alem y Peña. Durante esa movilización denunciaron robos, intimidaciones, discusiones permanentes con trapitos, exigencias de dinero a automovilistas, peleas entre cuidacoches y situaciones de desorden que, según manifestaron, afectan la convivencia cotidiana.

Los vecinos también advirtieron sobre la presencia de personas alcoholizadas, hechos de suciedad en la vía pública y la falta de respuestas sostenidas por parte de las autoridades municipales y policiales.

Con este nuevo proyecto, Montenegro busca trasladar a toda la provincia una política que ya impulsó en Mar del Plata, endureciendo las sanciones previstas por el Código de Faltas para quienes desarrollen estas actividades sin autorización y ampliando las herramientas legales para que las fuerzas de seguridad puedan intervenir frente a situaciones de intimidación, ocupación del espacio público u organización de la actividad.