La medida judicial afecta a la Escuela de Surf, el Café del Lago y el restaurante La Barraca, mientras sigue la incertidumbre sobre el futuro del predio.
El Gobierno nacional inició tres juicios de desalojo contra históricos permisionarios que desarrollan su actividad dentro de la Unidad Turística Chapadmalal. La medida avanza contra la Escuela de Surf, el Café del Lago y el restaurante La Barraca, espacios que desde hace años funcionan en el predio y que ahora enfrentan procesos judiciales para abandonar los inmuebles que ocupan.
La información fue publicada por el portal 0223, que indicó que las demandas ya fueron presentadas por el Estado nacional y se tramitan en la Justicia Federal. La decisión profundiza el conflicto que desde hace meses atraviesa al emblemático complejo turístico ubicado al sur de Mar del Plata, donde también persiste la incertidumbre sobre el futuro de los trabajadores y las instalaciones.
Imagen: 0223
¿A quiénes van dirigidos los juicios?
Los nuevos expedientes fueron impulsados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que administra los inmuebles nacionales y que viene avanzando con distintas acciones para recuperar la posesión de sectores del complejo.
Las demandas apuntan específicamente contra la Escuela de Surf, el Café del Lago y el restaurante La Barraca, tres emprendimientos comerciales que funcionan desde hace años en la Unidad Turística Chapadmalal y que forman parte de la oferta de servicios para visitantes y turistas.
El objetivo del Estado es obtener el desalojo judicial de esos espacios, en continuidad con otras medidas que ya había adoptado durante los últimos meses sobre distintos sectores del predio. Hasta el momento, no trascendieron plazos concretos para la resolución de estas nuevas causas judiciales.
Un conflicto que comenzó meses atrás
La situación en Chapadmalal comenzó a escalar durante abril, cuando la AABE emitió intimaciones para desalojar distintos pabellones residenciales del complejo. Posteriormente, la Justicia convalidó esas órdenes y otorgó un plazo inicial de diez días para desocupar los inmuebles.
Frente a esa decisión, los trabajadores iniciaron distintas acciones legales junto con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que presentó medidas cautelares y recursos de amparo con el objetivo de frenar los desalojos y preservar tanto los puestos laborales como el funcionamiento del complejo.
En paralelo, durante mayo el Gobierno nacional publicó la Resolución 129/2026, mediante la cual unos 58 empleados de planta permanente fueron declarados en situación de disponibilidad, una medida que profundizó la preocupación entre el personal.
Desde entonces, distintas organizaciones sindicales y sociales realizaron movilizaciones y manifestaciones para reclamar la continuidad de las fuentes de trabajo y denunciar un proceso de desmantelamiento de la histórica Unidad Turística.
Incertidumbre por los trabajadores
El último episodio conocido antes de estas nuevas demandas judiciales había sido la orden de desalojo dirigida a trabajadores que aún permanecían en el complejo. En aquel momento, familias y empleados advirtieron que podían quedarse sin vivienda y sin empleo prácticamente de manera simultánea.
Sin embargo, desde entonces no trascendieron públicamente novedades sobre el desenlace de esa situación ni sobre la ejecución efectiva de aquellas órdenes, por lo que el panorama continúa siendo incierto para quienes desarrollan tareas dentro del predio.
Ahora, con la apertura de tres nuevos juicios contra los permisionarios comerciales, el conflicto vuelve a escalar y amplía el alcance de las acciones judiciales impulsadas por el Estado nacional.
Un emblema del turismo social
Imagen: Facebook La Barraca
La Unidad Turística Chapadmalal constituye uno de los complejos de turismo social más importantes del país y forma parte del patrimonio histórico nacional. Durante décadas recibió contingentes escolares, jubilados y familias de distintos puntos de la Argentina.
Además de los hoteles y pabellones, en el predio funcionan diversos servicios complementarios administrados por privados mediante permisos, como los establecimientos que ahora quedaron alcanzados por las demandas de desalojo.
Mientras avanzan las causas judiciales, persisten los interrogantes sobre el destino de los edificios, el futuro laboral de quienes trabajan en el lugar y el modelo de gestión que tendrá uno de los espacios más representativos del turismo social argentino. Los nuevos expedientes representan un nuevo avance de la estrategia oficial para recuperar el control de distintos sectores del complejo, un proceso que mantiene en alerta a trabajadores, concesionarios y organizaciones que siguen de cerca el futuro de Chapadmalal.
