Con 37 votos a favor y 33 en contra, se logró media sanción en el Senado, pero se eliminaron los capítulos sobre la Ley de Tierra y la Ley de Manejo del Fuego.
El Gobierno logró aprobar en el Senado la Ley de Propiedad Privada, aunque la victoria legislativa dejó al descubierto el enorme costo político que tuvo que pagar para no quedarse con las manos vacías. La iniciativa, que arrancó como un ambicioso paquete de reformas enviado por el Poder Ejecutivo, tuvo que pasar por 18 borradores distintos. De los cuatro capítulos centrales de la propuesta original, en el camino quedaron dos y solo sobrevivieron los restantes para poder habilitar la votación.
El oficialismo y los bloques aliados alcanzaron 37 votos a favor contra 33 en contra. Con esta aprobación a medias, el expediente pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde el debate promete ser igual de trabado.
Las que no pasaron: Ley de Tierra y Ley de Manejo del Fuego
Imagen: Infobae
El tijeretazo legislativo se sintió con fuerza en dos temas clave para el Gobierno. Para destrabar el quorum, los negociadores oficiales tuvieron que retirar el capítulo que buscaba modificar la Ley de Manejo del Fuego, que pretendía flexibilizar las restricciones para vender o cambiar el uso del suelo en campos quemados. Tampoco pasó el apartado sobre la Ley de Tierras Rurales, que intentaba eliminar los límites para que extranjeros puedan comprar grandes extensiones de territorio en el país.
El freno a la reforma ambiental y a la venta de campos marcó el límite de los senadores aliados. La flexibilización sobre las tierras quemadas generó una resistencia desde el arranque de la sesión, lo que obligó al bloque oficialista a tachar todo el articulado sobre incendios para no ver naufragar la ley completa.
Una suerte similar corrió el intento de desregular la propiedad rural en manos de compradores internacionales. Frente a la negativa de votar ese punto en particular, la estrategia oficial pasó por retirar el capítulo entero de la discusión en pleno recinto y conformarse con salvar lo que quedaba en pie.
Las que sí: desalojo exprés y expropiación
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Lo que sí logró pasar la prueba del Senado fue el paquete enfocado en acelerar los tiempos judiciales para recuperar un inmueble. El texto aprobado introduce el desalojo exprés para los casos de falta de pago u ocupación, fijando juicios mucho más rápidos. Para iniciar la demanda, la norma exige intimar previamente al inquilino por un plazo de 10 días seguidos mediante carta documento o correo electrónico consignado en el contrato.
También se exige regular la devolución de las llaves, impidiendo que el dueño se niegue a recibirlas para estirar el cobro de alquileres. A su vez, el proyecto le pone un freno al Estado en materia de expropiaciones, exigiendo justificaciones mucho más estrictas y fundamentadas cada vez que pretenda declarar una propiedad como de utilidad pública.
La aceleración de las ejecuciones por falta de pago concentró las críticas más severas del arco opositor durante la sesión. El texto habilita la intimación formal ante el primer atraso del mes y otorga diez días para regularizar la deuda antes de iniciar la demanda, achicando al mínimo los márgenes de negociación entre las partes.
La mayor preocupación de juristas y bloques críticos radica en que la norma se enfoca de manera estricta en la restitución del inmueble al propietario pero omite cualquier tipo de red de contención o asistencia habitacional para las familias endeudadas, dejando el procedimiento sin herramientas estatales de mediación social frente a la crisis económica.
