La comunidad universitaria sostiene el reclamo por el financiamiento, los salarios y el presupuesto, mientras la disputa judicial mantiene frenada la aplicación de la ley.
La crisis en las universidades públicas continúa sin una salida a la vista y la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) atraviesa nuevas jornadas de protesta. La toma del Rectorado y la continuidad de las medidas de fuerza forman parte de un conflicto que se extiende desde hace meses, con reclamos por la recomposición salarial, el presupuesto universitario y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La situación local se inscribe en una disputa más amplia entre el Gobierno nacional y las instituciones de educación superior. Aunque hubo fallos judiciales favorables al reclamo universitario, las sucesivas presentaciones oficiales volvieron a demorar su aplicación y dejaron en suspenso medidas que buscaban garantizar los recursos para el funcionamiento del sistema.
Una toma en el Rectorado y el cronograma de protestas
La Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU) convocó para este martes 3 de noviembre a una jornada de protesta que incluirá un paro de 24 horas sin asistencia a los puestos de trabajo y una toma del edificio del Rectorado.
La convocatoria comenzará a las 8 y se extenderá durante todo el día. Desde el sindicato invitaron a los trabajadores nodocentes a participar de las actividades para visibilizar sus demandas. Entre los principales puntos del reclamo aparecen la recomposición de los salarios, la asignación de presupuesto para las universidades y la aplicación de la normativa aprobada por el Congreso.
La medida forma parte de un calendario que APU ya había definido en asamblea. Después de la jornada de este martes, el gremio realizará otros dos paros de 24 horas: el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre. Las fechas se enmarcan en las acciones impulsadas por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN).
Por su parte, la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) también confirmó nuevas medidas de fuerza. El sindicato convocó a un paro para el martes 17 y otro para el jueves 19 de noviembre.
Imagen: El Marplatense
Además, el miércoles 18 prevé realizar una acción callejera, en coincidencia con la posible discusión del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados.
El reclamo por salarios, becas y funcionamiento
El conflicto tiene como principal eje el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso el año pasado. La normativa establece mecanismos de actualización de los salarios docentes y no docentes, además de partidas destinadas a las becas estudiantiles y los gastos de funcionamiento de las instituciones.
La disputa llegó a la Justicia a través de un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En octubre, el juez Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto del Gobierno nacional que había condicionado la aplicación de la ley a la identificación de las fuentes de financiamiento.
Además, una medida cautelar ordenó actualizar los salarios y las becas de acuerdo con la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Esa disposición fue revisada en distintas instancias judiciales, incluida la Corte Suprema, y quedó firme. Sin embargo, el Gobierno nacional continuó presentando recursos para cuestionar la ejecución de la resolución y evitar que se avance con las intimaciones por incumplimiento.
La Cámara volvió a intervenir y frenó las sanciones
En las últimas semanas, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó tramitar una nueva apelación presentada por la Procuración del Tesoro. De esta manera, habilitó la revisión de una decisión de primera instancia que mantenía abierto el procedimiento para ejecutar la medida cautelar.
Imagen: Revista Quórum
El fallo no resolvió si el Gobierno cumplió con las obligaciones establecidas ni modificó el contenido de la cautelar. Lo que hizo fue permitir que la administración nacional vuelva a discutir judicialmente el procedimiento para exigir su cumplimiento. Mientras tanto, la aplicación efectiva de la normativa continúa sin concretarse.
La resolución se suma a otra decisión de la misma Cámara, que había concedido efecto suspensivo a las apelaciones contra las multas diarias de $100.000 que el juez Cormick le impuso al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por no cumplir con la orden judicial. De esa manera, tanto las sanciones económicas como las intimaciones quedaron congeladas hasta que se resuelvan los planteos presentados por el Gobierno.
