La medida alcanza a todos los medios tras una denuncia por “espionaje ilegal” en la sede del Poder Ejecutivo.
El Gobierno nacional dispuso, desde este jueves, la prohibición total de ingreso de periodistas a la Casa Rosada. La medida afecta a todos los medios acreditados y se presenta como preventiva ante una investigación por presunto espionaje ilegal.
Según fuentes oficiales, se decidió dejar sin efecto las acreditaciones vigentes y retirar las huellas dactilares registradas de los trabajadores de prensa. El argumento es que se encuentra en curso un proceso de reempadronamiento y revisión de seguridad interna.
La disposición se produce apenas dos semanas después de que el Gobierno ya hubiera restringido el acceso a medios específicos, entre ellos El Destape.
¿Cuál fue el detonante de la restricción a la prensa?
El origen de la medida se vincula con una denuncia penal presentada por la Casa Militar. La acusación apunta contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, de TN. El hecho ocurrió durante la emisión del 19 de abril de 2026 del programa “¿Y mañana qué?”, donde se difundieron imágenes grabadas dentro de la Casa Rosada. El informe mostraba pasillos y áreas internas del edificio, lo que el Gobierno interpretó como una vulneración de zonas sensibles.
Desde la Casa Militar sostienen que las imágenes habrían sido obtenidas mediante filmaciones clandestinas, posiblemente con dispositivos ocultos, sin autorización de seguridad. A raíz de esto, la denuncia encuadra los hechos en delitos vinculados a secretos de Estado.
¿Quiénes son los periodistas denunciados?
Imagen: La Nación
Luciana Geuna es conductora del programa “¿Y mañana qué?” y tiene trayectoria en la cobertura política, estando acreditada en la Casa de Gobierno. Ignacio Salerno, co‑conductor del mismo programa, también posee acreditación oficial.
Además, la denuncia incluye a productores y directivos de TN, señalando que habrían participado o autorizado la difusión de filmaciones que violarían los protocolos de seguridad interna.
La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N°4 de Comodoro Py, bajo la supervisión del juez Ariel Lijo, y podría derivar en sanciones penales si se confirma la vulneración de secretos políticos o militares.
¿Qué implica la denuncia judicial?
El escrito judicial advierte que la grabación podría haber comprometido la seguridad presidencial. Se mencionan posibles infracciones a artículos del Código Penal que prevén penas de uno a seis años de prisión.
Según la presentación, los periodistas habrían realizado una “actividad subrepticia e ilegal”, registrando sin filtros la actividad dentro de la sede gubernamental. La investigación deberá determinar si existió efectivamente espionaje o violación de normas de seguridad.
Lejos de adoptar una postura conciliadora, el presidente Milei respaldó públicamente la denuncia a través de sus redes sociales, con fuertes críticas hacia el periodismo.
Impacto en la relación entre el Gobierno y la prensa
Imagen: La Nación
La decisión de impedir el ingreso de toda la prensa fue calificada por periodistas y organizaciones como un atentado a la libertad de expresión. Nunca antes se había aplicado una restricción total de estas características en la Casa Rosada, lo que genera preguntas sobre posibles limitaciones al acceso a la información pública.
Analistas destacan que la medida profundiza la confrontación entre el Ejecutivo y los medios, afectando la cobertura institucional y debilitando la transparencia. Además, abre un precedente preocupante sobre la censura y la intimidación hacia periodistas que investigan o informan sobre la gestión de un Gobierno que agrede y menosprecia la libertad de prensa.
