El proyecto apunta a eliminar una norma vigente desde 2001 que regula la instalación de hipermercados y reabre el debate sobre el rol del Estado y las inversiones privadas.
El bloque de La Libertad Avanza en el Senado bonaerense presentó un proyecto para derogar la Ley 12.573, una normativa vigente desde 2001 que regula la instalación y expansión de grandes superficies comerciales, hipermercados y cadenas de distribución en la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa fue impulsada por el senador provincial Matías de Urraza, quien sostiene que la legislación actual representa una barrera burocrática para el desarrollo económico y la llegada de nuevas inversiones privadas. El proyecto fue presentado durante las últimas semanas y forma parte de la agenda de desregulación económica promovida por el espacio político que responde al presidente Javier Milei.
Actualmente, cualquier cadena comercial que pretenda instalar un hipermercado o una gran superficie en territorio bonaerense debe obtener la habilitación municipal correspondiente y una factibilidad provincial contemplada por la Ley, que evalúa aspectos económicos, comerciales, urbanos, sociales y ambientales del emprendimiento.
Una ley creada para proteger el comercio local
Imagen: Puntal
La Ley 12.573 fue sancionada durante la fuerte expansión de hipermercados y grandes cadenas comerciales en la década de 1990. Su principal objetivo fue establecer mecanismos de control y planificación para evitar que la concentración económica afectará a pequeños y medianos comerciantes.
La normativa contempla requisitos específicos para la instalación de grandes superficies comerciales, incluyendo estudios de impacto socioeconómico y ambiental. Además, fija limitaciones vinculadas a la cantidad de sucursales que una misma cadena puede abrir en determinados distritos y establece criterios de zonificación para definir dónde pueden radicarse estos establecimientos.
Entre sus fundamentos originales se encontraba la necesidad de equilibrar la competencia entre grandes operadores y comercios de cercanía, considerando las diferencias de escala, financiamiento, logística y capacidad de negociación existentes entre ambos sectores.
Para los defensores de la ley, la regulación continúa siendo una herramienta importante para resguardar a las PyMEs, almacenes, autoservicios y comercios barriales que forman parte del entramado productivo y económico de numerosas ciudades bonaerenses.
La apuesta libertaria: menos regulaciones y más inversiones
Desde La Libertad Avanza sostienen que la normativa quedó desactualizada y que hoy funciona como un obstáculo para la competitividad provincial. Según explicó De Urraza, la derogación permitiría agilizar la llegada de nuevas cadenas comerciales, centros logísticos, depósitos y plataformas de distribución en distintos puntos de la provincia, especialmente en ciudades del interior bonaerense. Entre las localidades que podrían verse beneficiadas por este tipo de inversiones mencionó a Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Junín, Pergamino, Necochea y San Nicolás, entre otras.
El legislador afirmó que la propuesta busca reducir regulaciones que desalientan la inversión privada y limitan el crecimiento económico. En ese sentido, desde el espacio libertario estiman que la eliminación de la ley podría movilizar entre 1.500 y 4.000 millones de dólares en inversiones privadas.
Asimismo, calculan que el impacto económico derivado de nuevos desarrollos comerciales y logísticos podría generar entre 85.000 y 165.000 puestos de trabajo directos e indirectos vinculados a sectores como la construcción, el comercio, la logística y el transporte.
El debate sobre el futuro del comercio bonaerense
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La propuesta volvió a poner sobre la mesa una discusión que lleva años en la provincia de Buenos Aires sobre cuál debe ser el rol del Estado frente al crecimiento de las grandes cadenas comerciales.
Mientras los sectores libertarios sostienen que la competencia y la inversión privada deben desarrollarse con menos restricciones, diversas entidades empresarias consideran que ciertas regulaciones continúan siendo necesarias para evitar posiciones dominantes y proteger el empleo generado por el comercio minorista.
Históricamente, organizaciones como la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) respaldaron la vigencia de la Ley 12.573 al entender que contribuye a preservar el equilibrio comercial y a sostener las economías locales frente al avance de grandes grupos económicos.
Desde esta perspectiva, la discusión no se limita únicamente a la apertura de hipermercados o centros logísticos, sino que involucra el modelo de desarrollo económico y comercial que la provincia pretende impulsar para los próximos años.
