El fallo fue dictado a pedido del Gobierno nacional, que busca recuperar los inmuebles para avanzar con la concesión del complejo turístico.
El Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata ordenó el desalojo de la Escuela de Surf que funciona dentro de la Unidad Turística Chapadmalal, a partir de una solicitud presentada por el Gobierno nacional.
La resolución fue firmada por el juez subrogante Daniel Bibel, quien hizo lugar al pedido de lanzamiento formulado por el Estado y dispuso que se haga efectivo el desalojo inmediato de quienes ocupen el inmueble.
¿Qué argumentó la justicia y qué pasa con los otros locales?
Imagen: 0223
En su resolución, el juez sostuvo que la zona donde funciona la Escuela de Surf no se encuentra alcanzada por las previsiones de la Ley 27.453, que establece la suspensión de ejecuciones de desalojo en barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
La AABE considera que tanto la Escuela de Surf como los otros dos espacios comerciales involucrados (el Café del Lago y La Barraca de Chapa) se encuentran dentro del Complejo Turístico Chapadmalal y que sus ocupaciones son irregulares.
Según planteó el organismo, quienes explotan los emprendimientos “carecen de todo derecho, permiso, autorización, concesión, tenencia precaria o cualquier otro título jurídico que legitime su permanencia en el lugar”. Para el Estado, la ocupación actual es ilegítima y arbitraria y resulta incompatible con el régimen jurídico que regula los bienes estatales.
La barraca de Chapa, con el desalojo frenado
El Juzgado Federal N° 2 consideró que la acción de lanzamiento iniciada por la AABE está habilitada, aunque decidió suspender su avance. La medida se tomó porque existe otra causa judicial iniciada por Ruta 11 KM 547 S.A., la empresa que actualmente explota el restaurante. La firma presentó una medida cautelar autónoma para intentar suspender los efectos de las decisiones administrativas que ordenaron la desocupación del inmueble.
El juez Bernardo Bibel declaró la conexidad entre ambos expedientes y dispuso que sean vinculados, debido a que lo que se resuelva en la medida cautelar podría tener una incidencia directa sobre el juicio de desalojo.
El magistrado consideró válida la intimación realizada por la AABE bajo la Ley 17.091 y entendió que la instancia judicial para avanzar con el lanzamiento estaba habilitada. Pero, resolvió esperar a que se defina primero la medida cautelar autónoma antes de continuar con el proceso de desalojo. En paralelo, La Barraca de Chapa anunció en sus redes sociales el cierre del restaurante luego de 25 años de funcionamiento en el lugar.
El Café del Lago, todavía sin una decisión
En este caso, la causa se encuentra todavía en una etapa procesal anterior y no existe por el momento una resolución judicial que permita anticipar si finalmente se ordenará el lanzamiento.
Los tres procesos forman parte de una estrategia más amplia de la AABE para recuperar distintos inmuebles pertenecientes al Complejo Turístico Chapadmalal. El objetivo del Gobierno nacional es recuperar esos espacios para avanzar posteriormente con un nuevo esquema de administración y concesión del complejo.
El plan del Gobierno Nacional para chapadmalal
Imagen: Facebook La Barraca
La decisión judicial se produce en medio del proceso impulsado por el Gobierno de Javier Milei para modificar el funcionamiento de la histórica Unidad Turística Chapadmalal. En marzo, el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había anunciado que el Gobierno buscaba concesionar el complejo por un período de 30 años.
Según explicó en ese momento, la intención es atraer inversión privada para restaurar y mejorar las instalaciones, además de reducir para el Estado la carga económica vinculada al mantenimiento de los edificios.
El plan generó resistencia entre trabajadores, organizaciones sociales y distintos sectores políticos que cuestionan el cierre de los hoteles y el avance hacia una administración privada del complejo.
En abril, la AABE comenzó a intimar a ocupantes de diferentes pabellones para que abandonaran los inmuebles. Frente a esas medidas, trabajadores y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) impulsaron presentaciones judiciales y acciones para intentar frenar los desalojos y preservar las fuentes laborales.
En mayo, además, el Gobierno nacional publicó la Resolución 129/2026, mediante la cual unos 58 trabajadores de planta permanente fueron declarados en situación de disponibilidad.
