La nueva medida busca regularizar emprendimientos privados que utilizan recursos hídricos sin permisos y fortalecer los controles sobre urbanizaciones cerradas.
La Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires aprobó un nuevo mecanismo destinado a estimar el consumo de agua y el vertido de efluentes en emprendimientos urbanísticos privados que operan sin contar con las habilitaciones y permisos exigidos por la normativa vigente.
La medida fue oficializada mediante una resolución del Directorio del organismo y permitirá calcular y cobrar el Canon por el Uso del Agua y la Tasa de Inspección de Funcionamiento y Control de Calidad de Efluentes (TIFyCCE) a aquellos desarrollos inmobiliarios que utilicen recursos hídricos sin haber regularizado su situación administrativa.
La disposición alcanza principalmente a barrios cerrados, countries y otros conjuntos inmobiliarios privados que no hayan cumplido con las exigencias establecidas por la Ley Provincial N.º 12.257, norma que regula el uso, aprovechamiento y preservación de los recursos hídricos en territorio bonaerense.
Según explicó la ADA, el objetivo es fortalecer las herramientas de fiscalización sobre un sector que ha registrado una fuerte expansión durante los últimos años y que, en numerosos casos, administra de manera privada los servicios de abastecimiento de agua y tratamiento de efluentes.
¿Cómo se calcularán los consumos y los vertidos?
Imagen: La Nación
La resolución establece fórmulas específicas para determinar los caudales de explotación de agua y los volúmenes de efluentes generados por los emprendimientos que no hayan presentado información oficial o que carezcan de autorización.
Para realizar esas estimaciones, la Provincia tomará como referencia distintos parámetros vinculados a la demanda hídrica potencial de cada desarrollo. Entre las variables contempladas se encuentran la superficie de las parcelas, los metros cuadrados construidos, la cantidad de espacios verdes, piscinas, áreas comunes y otros usos característicos de este tipo de urbanizaciones.
La obtención de esos datos se realizará a través de relevamientos satelitales y sistemas de análisis territorial, una metodología que permitirá actualizar periódicamente la información disponible y detectar posibles irregularidades.
La medida también se enmarca en la reciente actualización del régimen de cánones establecida por el Decreto Provincial N.º 3233/25, que modificó la fórmula de cálculo de los montos a abonar por el uso de agua pública incorporando nuevas variables relacionadas con la disponibilidad del recurso, las características de cada establecimiento y las categorías de usuarios.
Un debate que también atraviesa a Mar del Plata
Imagen: La Tecla
Precisamente, durante la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, vecinos del barrio 2 de Abril volvieron a denunciar las consecuencias que, según sostienen, generan los desarrollos inmobiliarios cerrados construidos en la zona norte de Mar del Plata.
A través de la denominada Banca 25, una vecina expuso ante los concejales el drama que atraviesan numerosas familias que conviven con inundaciones recurrentes cada vez que se registran lluvias intensas.
La mujer describió una situación de permanente incertidumbre y aseguró que los vecinos viven en estado de alerta constante por el riesgo de que el agua vuelva a ingresar a sus viviendas. Según relató, las inundaciones afectan la salud física y emocional de los habitantes, además de provocar importantes pérdidas materiales.
Durante su intervención, reclamó soluciones estructurales y cuestionó la falta de controles sobre las obras realizadas por emprendimientos privados cercanos, a los que responsabilizó por alterar el escurrimiento natural del agua.
Los habitantes del barrio sostienen que las modificaciones introducidas por los countries y urbanizaciones cerradas en sectores linderos habrían agravado los problemas de drenaje existentes, aumentando el riesgo de anegamientos durante los episodios de lluvias.
En ese marco, reclamaron obras hidráulicas de fondo que permitan garantizar el escurrimiento adecuado del agua y evitar que las familias continúen expuestas a situaciones de emergencia cada vez que se producen tormentas.
El planteo fue acompañado por concejales de la oposición, quienes cuestionaron la demora en la implementación de soluciones definitivas y recordaron que la problemática viene siendo advertida desde hace varios años mediante distintos expedientes legislativos.
