La presión sobre los hospitales públicos aumenta debido a la crisis económica mientras el Congreso analiza cambios en las internaciones involuntarias.
La demanda de atención en salud mental en Mar del Plata y distintos puntos del país registró un incremento acelerado en los últimos meses. Según datos presentados en el Senado a través del segundo Informe de Salud Mental, las consultas crecieron un 23% y las internaciones vinculadas a afecciones psíquicas mostraron una suba del 42%. Las dinámicas del desempleo, las dificultades económicas cotidianas y las recurrentes fallas en la cobertura de las obras sociales y prepagas han derivado en un traslado masivo de pacientes hacia los hospitales públicos.
El licenciado Juan Pablo Issel, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), advirtió que la pérdida sostenida del poder adquisitivo empuja a numerosos vecinos a interrumpir sus tratamientos en el ámbito privado. Esta situación provoca un embotellamiento en los centros estatales de salud, cuyos recursos edilicios y profesionales resultan insuficientes para absorber la demanda espontánea que llega desde los distintos barrios de la ciudad.
Falta de presupuesto y cuestionamientos a la estrategia federal
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El panorama se complica aún más por la persistente escasez de partidas presupuestarias. Aunque la legislación actual establece que un 10% del presupuesto total de salud debe ser destinado al área de salud mental, en la práctica el monto asignado ronda apenas el 1,4%. Además, ante la reducción de aportes por parte del gobierno central, las provincias y los municipios han tenido que hacerse cargo de costos y programas operativos con fondos propios para sostener el funcionamiento básico del sistema.
A este escenario se suman serios cuestionamientos al proyecto legislativo impulsado a nivel nacional para reformar la Ley N.º 26.657. Desde el ámbito universitario local se señala la falta de una verdadera construcción federal, dado que la iniciativa no reunió ni consultó a los ministros de Salud provinciales, ni tampoco integró de forma amplia la opinión de facultades, colegios profesionales y agrupaciones de usuarios del sistema sanitario.
Un cambio clave en el criterio de internación involuntaria
Uno de los ejes centrales de la reforma que analiza el Congreso gira en torno a la modificación del artículo 20 de la ley vigente. El texto propuesto elimina el requisito legal del «riesgo cierto e inminente» para la internación sin consentimiento y lo sustituye por la figura de «riesgo grave de daño para la vida o la integridad física». Esta modificación permitiría ponderar la historia clínica del paciente y sus antecedentes médicos para disponer de una medida preventiva antes de que se desencadene un episodio irreversible.
Los sectores partidarios del proyecto sostienen que la norma actual ata a los profesionales y a las familias, generando demoras burocráticas que impiden abordar a tiempo crisis agudas de adicciones o brotes severos. Sin embargo, diversos especialistas y defensores de los derechos humanos sostienen que flexibilizar este criterio de riesgo debilita los estándares de protección, abre la puerta a arbitrariedades e instaura un modelo centrado en el aislamiento en desmedro del consentimiento informado.
Requisitos diagnósticos y debate sobre los hospitales monovalentes
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En cuanto a las formalidades para efectivizar una orden médica, la propuesta altera el requisito del equipo interdisciplinario e impone la firma obligatoria de un psiquiatra, permitiendo incluso que un solo profesional disponga la internación en situaciones de urgencia. Mientras la Asociación Argentina de Psiquiatras fundamenta esta exigencia en la necesidad de descartar afecciones neurobiológicas u orgánicas complejas, diversas instituciones profesionales señalan que la inequitativa distribución geográfica de estos médicos dificultará la aplicación práctica de la medida en gran parte del país.
Por último, el proyecto deroga la prohibición de crear nuevas instituciones monovalentes, habilitando la internación en neuropsiquiátricos especializados, tanto públicos como privados. Quienes impulsan la reforma afirman que esta medida resuelve la falta estructural de camas en los hospitales generales, pero las organizaciones de derechos humanos insisten en que la reapertura de centros monovalentes constituye un claro retroceso respecto al modelo de atención comunitaria y de reinserción social que promulgan los tratados internacionales.
