La actualización quedó diferida hasta diciembre, mientras el litro de diésel argentino encabeza el ranking regional con un valor de US$1,63.
El Gobierno nacional volvió a postergar la actualización de los impuestos a los combustibles y evitó que las naftas y el gasoil reciban un nuevo incremento durante noviembre. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1305/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, y trasladó al 1 de diciembre la aplicación de los aumentos pendientes.
La medida alcanza al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), dos tributos cuya actualización repercute directamente en los valores que pagan los consumidores en las estaciones de servicio de todo el país.
La decisión también tiene relevancia para Mar del Plata, donde el precio de los combustibles impacta tanto en los gastos cotidianos de los automovilistas como en los costos de transporte, distribución y actividad comercial.
¿Cuáles son los aumentos que quedaron pendientes?
La actualización impositiva estaba prevista para el domingo 1 de noviembre. Sin embargo, el Ejecutivo resolvió postergarla nuevamente con el argumento de moderar su incidencia sobre los precios y continuar estimulando la actividad económica.
El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. En sus fundamentos, el Gobierno sostuvo que la decisión apunta a mantener un sendero fiscal sostenible.
El esquema de actualización está establecido por la Ley 23.966, que determina montos fijos por unidad de medida para ambos impuestos. Los valores deben ajustarse trimestralmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec.
Sin embargo, el calendario de aplicación viene acumulando postergaciones. Según informó TN, todavía permanecen pendientes incrementos correspondientes a 2024, a la totalidad de 2025 y a la inflación registrada durante el primer tramo de 2026.
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La nueva prórroga se suma a otras decisiones similares adoptadas durante este año, en abril, junio, septiembre y octubre. En esta oportunidad, el Gobierno decidió diferir la totalidad de la actualización prevista, en lugar de aplicar un incremento parcial.
Argentina tiene el gasoil más caro de América Latina
Mientras el Gobierno busca evitar nuevos aumentos impositivos, Argentina aparece en el primer puesto del ranking regional de precios del gasoil. Según un relevamiento de octubre elaborado por EyE sobre datos de Global Petrol Prices, el litro de diésel cuesta en el país un promedio de US$1,63, por encima de todos los valores registrados en los países relevados.
El listado ubica a Uruguay en el segundo lugar, con US$1,56 por litro, seguido por Paraguay, con US$1,54. Más atrás aparecen México y Chile, ambos con US$1,46, mientras que Brasil registra el valor más bajo de los países comparados, con US$1,35.
La diferencia también se observa en la evolución reciente. Durante octubre, el precio argentino del gasoil aumentó un 7,95% en dólares respecto de septiembre, cuando se ubicaba en US$1,51. En comparación con enero, cuando el litro costaba US$1,20, la suba acumulada llegó al 35,83%.
El relevamiento muestra que el combustible comercializado en Argentina es más caro que en los principales mercados de referencia de la región. De todos modos, los valores pueden variar según las cotizaciones cambiarias y las modificaciones de precios que se produzcan en cada país.
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Sin grandes cambios hasta diciembre
La postergación dispuesta por Nación evita, al menos durante noviembre, que se traslade a los surtidores el componente impositivo pendiente. No obstante, eso no implica una congelación de los precios ni garantiza que no existan otros ajustes durante el mes.
Con el nuevo calendario, el 1 de diciembre emerge como fecha de referencia para la aplicación de los tributos que quedaron pendientes. En esa fecha, el Ejecutivo deberá resolver si finalmente habilita la actualización o vuelve a extender el plazo.
La decisión mantiene diferido un incremento que, por el mecanismo de actualización previsto en la ley, podría trasladarse directamente al precio final que pagan los consumidores.
