Discapacidad obtuvo 237 votos y ahora deberá pasar por el Senado, mientras que la propuesta para refinanciar deudas volvió a comisión sin fecha para retomar el debate.
La Cámara de Diputados cerró una extensa jornada parlamentaria con resultados opuestos para dos proyectos de impacto social. Por un lado, aprobó una nueva ley de Discapacidad con amplias concesiones del oficialismo a la oposición. Por otro, postergó el tratamiento del endeudamiento familiar, después de que La Libertad Avanza no consiguiera los votos necesarios para avanzar con su propia propuesta.
La iniciativa sobre discapacidad recibió 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, una mayoría superior a los dos tercios que le permitirá avanzar hacia el Senado con un fuerte respaldo político. En cambio, el proyecto vinculado con las familias endeudadas volvió a comisión por 121 votos a favor, 117 en contra y cinco abstenciones, en una votación que terminó pasadas las 3:30 de la madrugada.
Las diferencias entre ambos resultados reflejaron las dificultades del Gobierno para construir mayorías y, al mismo tiempo, las concesiones que estuvo dispuesto a realizar para sostener su agenda legislativa.
Discapacidad: qué cambió para conseguir los votos
El proyecto aprobado busca reemplazar la actual Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia termina a fin de año, por un esquema permanente. El texto consensuado recupera buena parte de las garantías del sistema vigente y deja atrás los recortes que el Poder Ejecutivo había incluido en el proyecto de Presupuesto 2027.
Entre los puntos centrales, mantiene las pensiones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio, y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder a los beneficios. También conserva la actualización de las prestaciones según la inflación, el nomenclador universal y los aranceles unificados para los servicios.
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Otro cambio importante es la compatibilidad entre la pensión y el trabajo registrado. Las personas podrán conservar el beneficio si tienen empleo formal o están inscriptas en determinados regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
El texto original del Presupuesto 2027 establecía la incompatibilidad entre la pensión y el empleo formal, modificaba los criterios para acceder al beneficio y eliminaba el esquema de aranceles unificados, lo que habría permitido que obras sociales y prepagas fijaran sus propios valores.
Financiamiento, cobertura médica y controles
Las negociaciones continuaron hasta último momento y, para garantizar el acompañamiento de distintos bloques, el oficialismo aceptó incorporar partidas presupuestarias específicas para financiar el sistema y contemplar compensaciones del Tesoro si esos recursos resultan insuficientes.
También se garantizó la continuidad de la cobertura médica a través del programa Incluir Salud para titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral o discapacidad. En cuanto a las deudas con prestadores, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días desde la entrada en vigencia de la ley y cancelar los montos pendientes en un plazo de 90 días.
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Además, la nueva norma establece requisitos más precisos para acceder a las pensiones e incorpora auditorías periódicas mediante el cruce de información entre organismos públicos. Ante eventuales incumplimientos, esta prevé procedimientos que contemplan notificación y derecho de defensa.
Pese al amplio consenso legislativo, existieron cuestionamientos durante la sesión, en la que algunos diputados rechazaron el texto porque consideraron insuficiente la participación de las organizaciones de personas con discapacidad, mientras que la izquierda se abstuvo por las dudas sobre la actualización de las deudas con prestadores. A partir de ahora, el proyecto deberá ser tratado por el Senado para convertirse en ley.
