Milei anunció un arbitraje internacional y advirtió que recurrirá al Tribunal del Derecho del Mar si no se frena la explotación petrolera.
El Gobierno argentino intimó formalmente al Reino Unido a detener, en un plazo de dos semanas, las operaciones vinculadas con la explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Anunció que iniciará un procedimiento de arbitraje internacional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
La decisión, comunicada por el presidente Javier Milei, se conoció junto con una denuncia por vuelos realizados sin autorización argentina entre las Islas Malvinas y la ciudad chilena de Punta Arenas. En ese caso, el Ejecutivo ordenó iniciar procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra la empresa británica THALES UK LIMITED.
Según la información difundida, los vuelos trasladaron a una delegación de empresarios británicos procedentes de las islas, que participó de una ronda de negocios con proveedores chilenos. El objetivo del encuentro era avanzar en la creación de una ruta comercial entre el archipiélago y el sur de Chile. Para el Ejecutivo argentino, las operaciones se realizaron sin la autorización correspondiente y constituyen una infracción que debe ser investigada.
La intimación establece que, si el Reino Unido no detiene las actividades dentro del plazo fijado, Argentina recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para solicitar medidas provisionales destinadas a preservar sus derechos sobre la plataforma continental.
En un mensaje publicado en X, Javier Milei expresó: “Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras”.
Sea Lion y el reclamo argentino por los recursos naturales
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El proyecto Sea Lion contempla la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago. La iniciativa es impulsada por un consorcio integrado por la compañía británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Según estimaciones de las autoridades británicas, la explotación podría generar alrededor de 2.000 millones de dólares en regalías durante un período de 30 años.
Argentina sostiene que los recursos se encuentran dentro de su jurisdicción soberana y considera que las actividades previstas vulneran sus derechos sobre la plataforma continental. La Cancillería y los equipos jurídicos del Gobierno iniciarán el procedimiento de arbitraje internacional con el objetivo de impedir la explotación de los hidrocarburos y evitar otras medidas que, según la posición oficial, puedan agravar la controversia.
El reclamo se apoya en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que establece los criterios para determinar la extensión de la plataforma continental de los Estados ribereños y los derechos que ejercen sobre sus recursos naturales.
La normativa contempla que la plataforma continental puede extenderse hasta 350 millas marinas desde las líneas de base, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el tratado. Argentina invoca ese marco jurídico para fundamentar su posición sobre la zona donde se desarrolla Sea Lion.
El Gobierno rechazó la posición británica y citó a la ONU
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El Gobierno argentino cuestionó que Londres considere a las Islas Malvinas como un “Territorio Británico de Ultramar” y que invoque el referéndum unilateral de 2013, en el que el 99,8% de los votantes eligió continuar bajo administración británica. Según la posición argentina, ninguna de esas decisiones modifica la existencia de la disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas. Por ese motivo, sostiene que el conflicto debe resolverse mediante negociaciones bilaterales entre ambos países.
El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, afirmó en una entrevista con el diario The Sun on Sunday que su país está preparado para defender militarmente las islas ante una eventual acción argentina. “Esto no es 1982. Los argentinos no tienen la capacidad de tomar las islas Malvinas. Nosotros tenemos la capacidad de defenderlas”, sostuvo el funcionario, quien también rechazó las reivindicaciones argentinas.
En paralelo, el Ministerio de Defensa británico confirmó que los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 desplegados en el archipiélago serán reemplazados por aeronaves Tranche 2, de mayor capacidad operativa, a fines de noviembre de 2027. Desde Londres aclararon que la renovación estaba prevista con anterioridad a la actual escalada diplomática y que forma parte de la planificación militar.
El debate de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional
La nueva ofensiva diplomática se produce después de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que comenzará a debatirse este miércoles en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.
La iniciativa, presentada el 17 de septiembre, busca ratificar que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, integran el territorio nacional. Entre sus objetivos, el proyecto plantea establecer herramientas para sancionar a quienes exploten recursos naturales en las zonas reclamadas por Argentina y fortalecer la protección de la soberanía nacional.
El tratamiento comenzará con una reunión informativa de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, en la que participarán expositores invitados. La convocatoria inicial no contempla la firma de dictámenes.
