Lo decidieron en reunión conjunta las comisiones de Movilidad Urbana y Legislación. El aumento que defina el intendente interino regirá hasta fin de año.
La discusión por el valor del boleto de colectivo volvió a instalarse con fuerza en Mar del Plata, atravesada por la crisis estructural del sistema, el reclamo empresarial y un reciente paro que dejó a la ciudad sin servicio durante casi tres días. El Ejecutivo municipal, el Concejo Deliberante y las empresas coinciden en que el esquema actual es insostenible, por lo que acordaron que sea Agustín Neme quien defina el nuevo valor del boleto.
El precio que propuso el Municipio
El Municipio presentó en las últimas horas un estudio de costos que fija la tarifa técnica del boleto plano en $1.922,56. Esto implica un incremento del 24% respecto del valor actual de $1.550, vigente desde diciembre de 2025.
El informe, elaborado por la Secretaría de Legal, Técnica y de Hacienda, fue solicitado en el marco del tratamiento del aumento en el Concejo Deliberante. Allí se advirtió que el sistema de transporte atraviesa una crisis, producto de múltiples factores, como la caída en la cantidad de pasajeros, el incremento sostenido de los costos operativos y una baja incidencia de los subsidios estatales.
Entre los datos más relevantes, se destaca que la demanda actual se encuentra muy por debajo de los niveles previos a la pandemia, mientras que una porción significativa de los usuarios viaja con tarifas subsidiadas o directamente sin costo. Este escenario obliga, según el análisis oficial, a trasladar cada vez más el peso del sistema a la tarifa que paga el usuario.
El pedido empresarial y el inicio del debate político
Imagen: El marplatense
El estudio municipal llegó en medio del inicio del debate legislativo por el aumento del boleto. La Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros (CAMETAP) había solicitado una suba del 65%, llevando la tarifa a $2.569.
Este pedido abrió una discusión en la comisión de Movilidad Urbana del Concejo, donde los concejales comenzaron a analizar las distintas variables que inciden en el costo del servicio. Como suele ocurrir en estos casos, el Ejecutivo elaboró su propio cálculo para contrastar con el planteo empresarial.
Un sistema con un problema estructural
Más allá de la discusión puntual sobre el precio, todos los actores coinciden en que el sistema de transporte urbano enfrenta problemas de raíz. El aumento del combustible, los acuerdos salariales del sector y el encarecimiento de las unidades son algunos de los principales factores que presionan sobre los costos. A esto se suma una recuperación incompleta de la cantidad de pasajeros, que reduce la recaudación y profundiza el desequilibrio financiero.
Además, los subsidios tienen un peso limitado en el sostenimiento del servicio, lo que diferencia a ciudades del interior como Mar del Plata del esquema del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el Estado cubre una mayor proporción del costo.
El paro y las sanciones municipales
El conflicto escaló durante el último fin de semana, cuando un paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) dejó sin colectivos a la ciudad por casi 60 horas. La medida se originó en la falta de pago de salarios por parte de las empresas, situación que se destrabó recién con el depósito de los haberes.
Imagen: La Capital de Mar del Plata
Tras la normalización del servicio, el Municipio avanzó con sanciones contra las empresas concesionarias por la interrupción del transporte. La decisión buscó marcar una postura frente a un conflicto que afectó a miles de usuarios y expuso la fragilidad del sistema.
¿Cómo seguirá el debate por el aumento?
Con la decisión de otorgarle el poder a Neme, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en la sesión ordinaria de este jueves. Mientras tanto, la presión empresarial, las advertencias oficiales y el malestar de los usuarios, que ya enfrentan tarifas elevadas en relación con sus ingresos, siguen creciendo.
La oposición votó en contra de las facultades al intendente, pero no fue suficiente. Juan Manuel Cheppi (Frente Renovador) sumó su “repudio” a la medida de fuerza “que sufrieron miles de vecinos” y se manifestó en contra de la delegación de facultades: “las normas establecen que el boleto debe ser fijado por el Concejo”.
El valor de $1.922 planteado por el Municipio aparece como un punto intermedio en una discusión más amplia que se basa en cómo sostener un servicio esencial sin profundizar el impacto económico sobre la población.
