El exjefe de Gabinete entregó un escrito de 78 páginas para responder los cuestionamientos de la Fiscalía sobre sus bienes y movimientos económicos.
Manuel Adorni presentó hoy ante la Justicia su respuesta a los 20 puntos planteados por el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El escrito, elaborado por su abogado Matías Ledesma, tiene 78 páginas y tres anexos y busca explicar la evolución patrimonial del exfuncionario entre diciembre de 2023 y junio de 2026.
El principal argumento de la defensa está relacionado con los dólares que Adorni declaró como provenientes de una “venta de activos”. Según su presentación, se trata de dinero obtenido por operaciones con Bitcoin realizadas antes de su llegada a la función pública.
La defensa identificó ocho billeteras de autocustodia que, según sostuvo, fueron utilizadas entre octubre de 2014 y septiembre de 2018. De acuerdo con el escrito, las operaciones generaron un total de US$591.544,61 y las billeteras actualmente no tienen saldo. Para intentar acreditar que eran de su propiedad, Adorni certificó ante un escribano que posee las claves privadas de esas direcciones.
La explicación incluye además la modalidad en la que se realizaron aquellas operaciones. La defensa sostuvo que en esos años las compras y ventas de criptomonedas se efectuaban mediante encuentros personales y pagos en efectivo, por fuera de exchanges regulados. Parte de los dólares obtenidos habría permanecido fuera del sistema bancario y en el domicilio familiar.
Ese dinero, siempre según la versión presentada ante la Justicia, permitió financiar posteriormente distintos gastos, entre ellos viajes, adquisiciones inmobiliarias y parte de las refacciones de su vivienda.
Indio Cuá, propiedades, préstamos y gastos
Otro de los puntos centrales fue la vivienda ubicada en el country Indio Cuá. La defensa negó que Adorni hubiera pagado los US$245.000 que habían sido atribuidos a las obras realizadas por el contratista Matías Tabar y sostuvo que el desembolso real fue de US$175.000.
Para respaldar esa cifra, presentó un informe técnico que calculó el valor de mercado de los trabajos en US$174.954,58. La defensa también cuestionó planillas, facturas y remitos aportados durante la investigación y señaló distintas diferencias entre la documentación.
Respecto del lote de Indio Cuá, sostuvo que fue adquirido por US$120.000: US$100.000 mediante un préstamo con garantía hipotecaria y otros US$20.000 en efectivo. La situación fue incorporada posteriormente a declaraciones juradas rectificativas.
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El descargo también abordó el departamento de Caballito, préstamos familiares, la compra de una Jeep Compass y el uso de tarjetas de terceros. En este último caso, Adorni afirmó que las compras realizadas mediante tarjetas de empleados eran reintegradas en efectivo o correspondían a operaciones efectuadas para otras personas.
Sobre los préstamos con familiares, la defensa argumentó que se trató de contratos privados y que su existencia había sido informada en declaraciones impositivas. En cuanto a la Jeep, negó que se hubieran pagado $18,3 millones en efectivo y explicó que la operación incluyó una Renault Captur, dos transferencias de $1 millón y un pago con tarjeta en cuotas.
¿Qué debe analizar ahora la Justicia?
La presentación no implica el cierre de la investigación. El próximo paso será que Pollicita analice las explicaciones y la documentación aportada y las contraste con los elementos que ya forman parte del expediente. La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo y también involucra a la esposa de Adorni, Bettina Angeletti.
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Uno de los aspectos que deberá ser evaluado será la trazabilidad de los casi US$600.000 atribuidos a las operaciones con Bitcoin; la defensa sostiene que las billeteras pertenecían a Adorni, pero se trata de direcciones de autocustodia que no tienen un titular identificado. También deberá analizarse si la documentación permite vincular aquellas operaciones realizadas años atrás con los dólares utilizados posteriormente.
La Fiscalía también deberá determinar si las explicaciones sobre la vivienda, las propiedades, los préstamos, los vehículos y los gastos familiares alcanzan para despejar las inconsistencias que habían motivado el requerimiento.
Si Pollicita considera que todavía existen puntos sin aclarar, puede solicitar nuevas medidas de prueba o avanzar con un pedido de declaración indagatoria ante el juez. En cambio, si entiende que las explicaciones resultan suficientes, el expediente seguirá el curso que corresponda a partir de esa valoración. Por ahora, el descargo presentado por Adorni constituye la respuesta de su defensa; la validación o el rechazo de esos argumentos queda en manos de los investigadores judiciales.
