El proyecto obtuvo 144 votos a favor y 102 en contra y busca impedir que el Tesoro sea financiado con emisión monetaria.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto impulsado por el Gobierno para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la iniciativa busca reforzar la independencia de la entidad y evitar que los gobiernos puedan recurrir a la emisión monetaria para financiar al Tesoro.
El proyecto consiguió 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones. Con esta media sanción, la propuesta será girada ahora al Senado, donde deberá ser aprobada para convertirse en ley.
Desde el oficialismo sostienen que el objetivo central es establecer reglas que impidan utilizar al Banco Central como una fuente de financiamiento del Estado. La intención, según argumentaron durante el debate, es evitar que una crisis fiscal pueda resolverse mediante una mayor emisión de pesos.
El diputado Santiago Pauli, encargado de presentar la iniciativa del Poder Ejecutivo, defendió la reforma al señalar que busca terminar de manera permanente con la posibilidad de que un gobierno pueda emitir dinero de manera descontrolada.
Para La Libertad Avanza, una mayor autonomía del BCRA también podría generar una señal positiva para los mercados y contribuir a reducir el riesgo país. El oficialismo vincula esta medida con su política de déficit cero y con la intención de limitar las herramientas que, históricamente, utilizaron distintos gobiernos para cubrir sus necesidades financieras.
¿Qué cambia con la nueva Carta Orgánica?
Uno de los puntos centrales del proyecto es la prohibición del financiamiento directo o indirecto del Tesoro Nacional por parte del Banco Central. De aprobarse definitivamente, la entidad no podrá realizar adelantos transitorios al Gobierno.
Los adelantos transitorios fueron utilizados durante distintos períodos para asistir financieramente al Estado cuando los ingresos no alcanzaban para cubrir sus gastos. La reforma busca eliminar esa posibilidad y cortar el vínculo entre las necesidades fiscales del Gobierno y la emisión monetaria del BCRA.
Además, el Banco Central tampoco podrá comprar directamente títulos públicos en el mercado primario. De esta manera, el proyecto intenta limitar los mecanismos mediante los cuales la autoridad monetaria puede terminar financiando al Estado.
La iniciativa también establece nuevas reglas para el destino de las ganancias del Banco Central, los resultados obtenidos por la entidad deberán utilizarse prioritariamente para absorber pérdidas acumuladas, recomponer su patrimonio o cancelar deuda pública.
Otro de los cambios contempla la eliminación de determinados instrumentos de deuda, como las Letras Intransferibles, y modifica las disposiciones vinculadas con la administración y protección de las reservas internacionales.
El cambio respecto de la reforma de 2012
Imagen: Canal Show Sport
En aquel momento se ampliaron los objetivos de la entidad, que además de preservar la estabilidad monetaria pasó a contemplar la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
La nueva propuesta plantea volver a concentrar la función principal del Banco Central en la preservación del valor de la moneda. Para el Gobierno, ese objetivo debe estar por encima de otras funciones que puedan llevar a la entidad a intervenir en cuestiones vinculadas con la política económica.
La reforma también endurece las condiciones para remover al presidente del Banco Central y a los integrantes de su directorio. Para hacerlo, deberá acreditarse una “causal grave” y conseguirse una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.
El oficialismo sostiene que esta modificación busca darle mayor estabilidad a las autoridades monetarias y evitar que puedan ser desplazadas por decisiones políticas de cada gobierno.
La oposición cuestionó el alcance de la iniciativa
Los bloques opositores rechazaron distintos aspectos del proyecto y cuestionaron que el Gobierno busque establecer reglas económicas que permanezcan vigentes aun cuando cambie la administración nacional.
Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, planteó que el Banco Central no debería quedar sujeto a un esquema de rigidez que limite las decisiones de política económica. Según sostuvo, la entidad debe responder al interés general y al rumbo que establezca el Poder Ejecutivo en función del crecimiento y el desarrollo del país.
Desde Unión por la Patria, Itai Hagman también criticó la iniciativa, consideró que el Congreso debería concentrarse en problemas económicos concretos de la población y cuestionó que la reforma reduzca las herramientas disponibles para que el Estado pueda intervenir ante determinadas situaciones.
Agustín Rossi, también de Unión por la Patria, fue más allá y acusó al oficialismo de buscar garantizar la continuidad de su política monetaria incluso si pierde el gobierno en las próximas elecciones.
La discusión por las reservas
Imagen: Chequeado
Uno de los artículos que generó mayor resistencia fue el que modifica las condiciones relacionadas con las reservas internacionales. Desde el peronismo pidieron a los bloques aliados que rechazaran el artículo 13 y reclamaron que fuera tratado de manera particular. La disposición establece que las reservas del Banco Central son inembargables y permite que una parte de sus activos externos sea colocada en depósitos, oro, activos financieros líquidos u otros instrumentos de reconocida solvencia y liquidez.
El punto más cuestionado es que contempla la posibilidad de utilizar esos activos como garantía en operaciones propias de banca central. La oposición advirtió que la medida podría permitir que las reservas sean utilizadas como respaldo para operaciones de endeudamiento externo. Finalmente, el oficialismo logró avanzar con el tratamiento por títulos, el primero, que incluye el controvertido artículo 13, fue aprobado con 138 votos a favor.
Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto deberá ser tratado por el Senado, si consigue allí los votos necesarios, la reforma modificará las reglas que determinan el funcionamiento del Banco Central y limitará de manera explícita su capacidad para financiar al Estado mediante emisión monetaria.
