Profesionales e instituciones locales denuncian que persisten los atrasos en los pagos, el desfinanciamiento del sistema y las demoras en prestaciones y pensiones.
Un año después de que el Congreso aprobara la Ley de Emergencia en Discapacidad, en Mar del Plata los prestadores aseguran que el sistema se mantiene en una situación crítica. Desde Prestadores Unidos Mar del Plata difundieron un duro comunicado en el que afirmaron que “la respuesta del Estado continúa ausente” y remarcaron que la norma, sancionada el 10 de julio de 2025, todavía no logró traducirse en mejoras concretas para quienes sostienen diariamente las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
La entidad recordó que la ley había reconocido oficialmente la emergencia del sistema y contemplaba medidas para recomponer el financiamiento, actualizar el nomenclador de prestaciones y recuperar el poder adquisitivo perdido durante años. Sin embargo, sostienen que esos objetivos quedaron lejos de cumplirse.
Reclamos por aranceles y pagos demorados
Uno de los principales cuestionamientos apunta al atraso en los valores que perciben los profesionales. Según indicaron desde la organización, durante el último semestre los incrementos acumulados rondaron apenas los $3.000 por prestación, una actualización que consideran insuficiente frente al aumento de salarios, alquileres, servicios, cargas sociales, seguros e insumos necesarios para mantener la atención. También denunciaron que las compensaciones económicas previstas por la ley todavía no fueron efectivizadas, pese a que miles de prestadores realizaron las presentaciones requeridas.
A eso se suman autorizaciones que continúan demorándose, prestaciones recortadas sin fundamentos clínicos y pagos fuera de término. En muchos casos, las obras sociales argumentan que aún no recibieron las transferencias correspondientes de los organismos nacionales, lo que termina trasladando la incertidumbre a profesionales, instituciones y familias.
Imagen: Lo que pasa net
Un panorama que se repite en todo el país
La situación descripta por los prestadores marplatenses refleja un escenario que distintas organizaciones denuncian a nivel nacional. De acuerdo con el balance realizado al cumplirse un año de la sanción de la ley, buena parte de las medidas previstas para recomponer el sistema aún no fueron implementadas plenamente. Entre ellas figuraban la actualización de aranceles, mecanismos de compensación para prestadores y acciones destinadas a garantizar la continuidad de los tratamientos.
El informe también advierte que el sistema continúa judicializado y que muchas de las herramientas previstas por la normativa chocan con decisiones administrativas y presupuestarias que limitan su aplicación efectiva.
Las pensiones, otro de los focos del conflicto
Otro de los puntos sensibles sigue siendo el acceso a las pensiones no contributivas por discapacidad. Según datos difundidos en las últimas semanas, todavía permanecen sin resolución cientos de miles de solicitudes iniciadas por personas que esperan acceder al beneficio, mientras numerosas familias denuncian demoras que se extienden desde hace años.
Para los prestadores, esta situación repercute en la continuidad de los tratamientos, ya que muchas personas encuentran cada vez más dificultades para sostener las prestaciones que necesitan.
Imagen: Qué Digital
“La discapacidad necesita decisiones”
En el comunicado difundido desde Prestadores Unidos, la organización sostuvo que el problema ya no pasa por reconocer la existencia de una emergencia, sino por ejecutar las medidas necesarias para revertirla. “La discapacidad no necesita únicamente pequeñas actualizaciones mensuales, necesita políticas públicas, gestión, conducción y organismos que funcionen”, señalaron.
Además, remarcaron que las consecuencias recaen sobre las personas con discapacidad, sus familias, las instituciones y los profesionales que continúan financiando, muchas veces con recursos propios, la continuidad de las prestaciones.
“La discapacidad ya no necesita más diagnósticos, necesita decisiones”, concluyeron desde Prestadores Unidos Mar del Plata, al insistir en que, a un año de la sanción de la ley, la emergencia sigue siendo una realidad cotidiana para el sector.
