El Gobierno lanzó una licitación offshore tras el interés de la empresa Challenger Energy Group por el área CAN-200.
El Gobierno nacional lanzó un concurso público internacional para otorgar un permiso de exploración hidrocarburífera offshore en el área CAN-200 del Mar Argentino. La decisión fue oficializada mediante el Decreto 590/2026, firmado por el presidente Javier Milei, luego de que la empresa británica Challenger Energy Group PLC manifestara su intención de desarrollar un proyecto en esa zona.
La medida instruye a la Secretaría de Energía a elaborar el pliego de bases y condiciones y avanzar con el proceso licitatorio. Además del permiso de exploración, el concurso contempla la posibilidad de otorgar una futura concesión de explotación en caso de que se detecten recursos comercialmente viables.
Mientras Argentina mantiene su histórico reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, la participación de una empresa del Reino Unido reabrió el debate sobre el manejo de los recursos estratégicos del Atlántico Sur.
Una empresa británica impulsó la iniciativa
La convocatoria surgió luego de una manifestación de interés presentada en febrero de 2025 por Challenger Energy Group PLC, una compañía que cotiza en la Bolsa de Londres y desarrolla actividades de exploración y producción de petróleo y gas en distintos países de América.
El área CAN-200 se encuentra aproximadamente a 350 kilómetros de la costa bonaerense, cerca del límite marítimo con Uruguay, se trata de un bloque de unos 5.000 kilómetros cuadrados ubicado en aguas profundas del Mar Argentino.
Según el decreto, el permiso prevé dos períodos exploratorios de cuatro años cada uno y la posibilidad de extender el proyecto por cinco años adicionales. En total, la exploración podría desarrollarse durante trece años si se cumplen todas las etapas previstas.
El Gobierno sostiene que la iniciativa busca incentivar inversiones y ampliar el conocimiento sobre el potencial energético del país. Sin embargo, especialistas remarcan que el desarrollo de hidrocarburos en el Atlántico Sur también posee un fuerte componente estratégico vinculado a la política exterior y al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.
¿Qué establece el decreto?
Imagen: Artear
La norma dispone que la Secretaría de Energía será la encargada de organizar el concurso internacional y evaluar las ofertas para adjudicar el permiso de exploración. También aclara que cualquier prórroga de jurisdicción que pudiera surgir de los contratos no implicará una renuncia a la inmunidad soberana del Estado argentino sobre bienes considerados estratégicos.
Entre esos activos protegidos se encuentran las reservas del Banco Central, los bienes del dominio público, la infraestructura destinada a servicios esenciales, el patrimonio cultural, los activos militares, las sedes diplomáticas y los impuestos y regalías que correspondan al Estado nacional.
Pese a esas aclaraciones, distintos sectores cuestionaron el alcance político de la decisión y advirtieron que la participación de una empresa británica en un área cercana al Atlántico Sur vuelve a poner el foco sobre la administración de los recursos naturales argentinos.
El antecedente frente a Mar del Plata
Imagen: Infobae
El bloque que ahora será licitado forma parte de la misma región donde se desarrolló la última experiencia de exploración offshore frente a la costa bonaerense. En 2024, la empresa noruega Equinor concluyó sin éxito la perforación del pozo exploratorio Argerich-1, ubicado a más de 300 kilómetros de Mar del Plata. La campaña confirmó que la exploración no garantiza la existencia de petróleo o gas explotables, ya que primero deben realizarse estudios geológicos y luego perforaciones para determinar el potencial comercial del área.
La discusión sobre la exploración petrolera en el Mar Argentino comenzó a tomar fuerza en 2018, cuando se licitaron distintas cuencas marítimas durante el gobierno de Mauricio Macri. Más tarde, en 2021, la autorización para realizar exploración sísmica frente a las costas de Mar del Plata y Bahía Blanca generó una fuerte controversia pública.
En ese momento se realizaron audiencias públicas durante varias semanas y organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace, encabezaron movilizaciones en rechazo al avance de la actividad offshore por su posible impacto sobre el ecosistema marino.
