El gobierno de Javier Milei busca aprobar dos leyes fundamentales para su mandato en el cierre de las sesiones extraordinarias.
El Senado de la Nación Argentina sesiona este jueves por última vez en el período de extraordinarias para tratar dos proyectos centrales en la agenda del Gobierno de Javier Milei: la reforma laboral y la nueva ley de Régimen Penal Juvenil. Ambas iniciativas se ponen sobre la mesa tras semanas de negociaciones y controversias políticas y sociales.
El oficialismo confía en reunir los votos necesarios para convertir en ley los textos que ya pasaron por Diputados y que, en su versión final, incluyen modificaciones respecto de los borradores originales.
Reforma laboral: el punto que encendió la polémica
La reforma laboral generó resistencias desde su presentación, especialmente por un artículo vinculado a las licencias médicas. En su redacción inicial, el proyecto establecía que, en casos de enfermedad o accidente inculpable, el empleador podría abonar entre el 50% y el 75% del salario durante el período de licencia.
El planteo generó críticas inmediatas de sindicatos y sectores de la oposición, que consideraron que implicaba un retroceso directo sobre derechos adquiridos. La controversia escaló al punto de convertirse en uno de los ejes del debate público previo a la sesión.
Finalmente, el artículo fue eliminado durante el tratamiento en la Cámara de Diputados. La versión que ahora analiza el Senado no contempla esa reducción en el pago de licencias médicas, lo que destrabó parte de la discusión y facilitó acuerdos para avanzar con el resto del texto.
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Más allá de ese punto, la reforma introduce cambios en aspectos como indemnizaciones, modalidades de contratación y esquemas de negociación, en línea con la intención oficial de flexibilizar el mercado laboral.
Desde el Gobierno sostienen que las modificaciones apuntan a fomentar el empleo formal, pero quienes se oponen argumentan que se trata de una pérdida de derechos.
Régimen Penal Juvenil: la edad de imputabilidad en el centro
El otro proyecto clave en la jornada es la nueva ley de Régimen Penal Juvenil. La iniciativa propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para determinados delitos graves, un cambio que sería significativo en el sistema penal argentino.
El texto prevé que adolescentes de 14 y 15 años puedan ser penalmente responsables en casos de delitos como homicidios o abusos, bajo un régimen específico que contempla sanciones con medidas socioeducativas. También establece límites a las penas y criterios diferenciados respecto del régimen de adultos.
La discusión sobre la edad mínima fue uno de los puntos más sensibles del debate parlamentario. La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impulsó inicialmente que la imputabilidad se fijara en 13 años. Sin embargo, no logró reunir los votos necesarios.
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Ante la falta de respaldo suficiente, el oficialismo aceptó establecer el piso en 14 años, que es el número que finalmente se incorporó al dictamen y que ahora se vota en el Senado. Ese cambio fue clave para conseguir adeptos y evitar que la iniciativa fuera rechazada.
Diversos organismos de derechos humanos y especialistas en niñez cuestionaron la baja de la edad penal y advirtieron que el problema de la violencia juvenil no se resuelve exclusivamente con herramientas punitivas. En contraste, desde el oficialismo argumentan que el nuevo régimen brinda un marco legal actualizado frente a delitos graves cometidos por menores.
Cierre de extraordinarias y señal política
Está sesión marca el cierre del período de extraordinarias y funciona como una señal política del rumbo que busca imprimir el Gobierno en materia laboral y de seguridad.
Si se aprueban ambos proyectos sin cambios, el oficialismo sumará dos reformas estructurales que atravesaron semanas de tensión en el Congreso y en la calle. La mirada ahora está puesta en el resultado de la votación y en el impacto que estas leyes puedan tener tanto en el ecosistema laboral como en el sistema penal juvenil.
