La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) podría sufrir un nuevo revés durante el gobierno de Javier Milei.
El sistema universitario público argentino volvió a alarmarse frente al proyecto de Presupuesto Nacional 2026 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. Las autoridades de las universidades nacionales acusan que la propuesta implica una nueva caída real de los recursos.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que une a los rectores de todo el país, sostienen que el presupuesto previsto no contempla una actualización acorde a la inflación proyectada, lo que se traduce en un recorte real cercano al 3,5 % respecto de las partidas actuales. Para el personal y los estudiantes, esta situación profundiza una crisis que pone en jaque la calidad educativa, la investigación y el acceso a la universidad pública.
Una caída real de los recursos
Si bien el monto nominal asignado a las universidades aumenta en términos absolutos, el problema radica en que ese incremento no alcanza para compensar la inflación estimada. En la práctica, esto implica que las universidades contarán con menos recursos reales para afrontar gastos básicos como servicios, mantenimiento edilicio, insumos, becas y salarios.
Los rectores señalan que esta tendencia no es nueva. En los últimos años, las casas de estudio debieron funcionar con presupuestos prorrogados o con actualizaciones parciales. El proyecto para 2026, lejos de revertir ese escenario, lo consolida.
Salarios, investigación y becas bajo presión
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Uno de los puntos más sensibles del ajuste es el impacto sobre los salarios docentes y no docentes, que hace tiempo pelean contra la inflación. Esta situación afecta en la continuidad de cátedras y el desarrollo de proyectos académicos.
También se ven comprometidas las tareas de investigación y extensión, pilares fundamentales de la universidad pública. Menos financiamiento supone una baja en los recursos utilizados para proyectos científicos y también implica una reducción de los programas que vinculan a las universidades con sus comunidades.
A esto se suma la incertidumbre sobre las becas estudiantiles, claves para garantizar la permanencia de miles de jóvenes de sectores populares. Sin este apoyo financiero por parte del gobierno, el acceso a la educación superior se torna más desigual.
El impacto en Mar del Plata y la región
Imagen: Portal Universidad
En Mar del Plata, la situación genera una preocupación particular. La UNMDP cumple un rol central en la formación académica y en el desarrollo productivo de la ciudad y la región.
A su vez, alberga a miles de estudiantes provenientes de distintos puntos del país, y muchos de ellos dependen exclusivamente de la universidad pública para estudiar. La caída en términos reales del presupuesto pone en riesgo servicios esenciales dentro de la misma que facilitan el día a día de varios jóvenes que viven lejos de sus hogares.
Reclamos al Congreso y posibles acciones judiciales
Ante este panorama, los rectores decidieron manifestarse enfatizando sus reclamos ante el Congreso Nacional, al que le piden modificaciones sustanciales en el tratamiento del Presupuesto 2026. Desde el CIN recuerdan que existe una Ley de Financiamiento Universitario que establece criterios para garantizar el funcionamiento del sistema, y entienden que el Ejecutivo cumple con esos lineamientos.
Llegado el caso, no descartarían avanzar por la vía judicial para exigir el respeto de esa normativa, en un conflicto que ya trasciende lo presupuestario y se convierte en una discusión institucional.
Un debate que define el futuro de la universidad pública
Más allá de los números, el debate por el Presupuesto 2026 pone en discusión el modelo de universidad pública que el país pretende sostener. Para los rectores, docentes y estudiantes, el ajuste compromete no solo el presente sino el futuro de la educación y la igualdad de oportunidades.
Mientras el proyecto avanza en el Congreso, la comunidad universitaria permanece en estado de alerta. En ciudades como Mar del Plata, la defensa del financiamiento universitario es una apuesta al desarrollo local y al derecho a la educación.
