La reforma incorpora cambios en vacaciones, banco de horas, cálculo de indemnizaciones y reglas sindicales. Entrará a debate en sesiones extraordinarias.
El Gobierno terminó la redacción del proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso en los próximos días, con la intención de lograr media sanción antes de fin de año.
La Casa Rosada considera que la iniciativa “moderniza” las relaciones de trabajo y aporta previsibilidad, aunque los gremios y parte de la oposición sostienen que implica un avance fuerte sobre derechos adquiridos.
El texto final incorpora medidas debatidas en el Concejo de Mayo, pero también puntos nuevos que impactan en vacaciones, jornadas, modalidades de contratación, indemnizaciones, representación gremial y beneficios fiscales para empleadores.
Nuevas modalidades de trabajo y cambios en las licencias
La propuesta habilita acuerdos laborales más flexibles. Entre ellos, la posibilidad de pactar salarios en pesos, en moneda extranjera o incluso en bienes, además de incorporar componentes variables según mérito o productividad.
Uno de los pilares es el fraccionamiento de las vacaciones, que podrán dividirse en períodos menores, siempre con un mínimo de siete días consecutivos. Si el empleador define las fechas, deberá notificar con 45 días de anticipación.
El Gobierno defiende esta medida como una opción para dinamizar la planificación laboral, aunque para los gremios implica una pérdida de previsibilidad y condiciones históricas.
También se incorpora el banco de horas, un sistema que permite acumular horas extra para compensarlas luego con días libres o jornadas reducidas, en vez de pagarlas con recargos. Según el Ejecutivo, esto da mayor autonomía a cada actividad; para los sindicatos, abre la puerta a sobrecarga y arbitrariedad.
Indemnizaciones, fondos especiales y reglas judiciales
El proyecto mantiene la indemnización tradicional de un mes por año trabajado, pero redefine conceptos clave para el cálculo. Se especifica qué rubros se consideran remunerativos, cuáles quedan excluidos y cómo deben promediarse ítems variables.
La intención oficial es reducir litigiosidad y unificar criterios judiciales, estableciendo también un único método de actualización por IPC más una tasa fija.
Otro punto fuerte es la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), financiados con un aporte del 3% de las contribuciones patronales. Estos fondos, administrados bajo normativa de la CNV, funcionarían como respaldo para indemnizaciones y contingencias.
Además, vuelve a ponerse sobre la mesa un fondo de cese laboral, similar al que ya rige en la construcción. Su aplicación dependerá de acuerdos sectoriales y reemplazará indemnizaciones por aportes mensuales del empleador a una cuenta individual.
La reforma también elimina la conservación automática de la antigüedad en casos de cambio de empleador y limita herramientas judiciales que, según el oficialismo, generaban fallos imprevisibles. La oposición alerta que esto reduce la protección ante conflictos laborales.
Relación sindical y convenios colectivos
Uno de los capítulos más debatidos es el vinculado al accionar gremial. El proyecto exige pedir autorización al empleador para realizar asambleas dentro del establecimiento y determina que ese tiempo no será remunerado. Además, tipifica como infracciones graves bloqueos y tomas, en línea con normas ya incorporadas en el último año.
Se modifica también el régimen de ultraactividad de convenios, acotando su vigencia una vez vencidos y restringiendo la capacidad de los acuerdos de nivel superior para modificar los de ámbito menor. Esto, para el Gobierno, ordena la estructura; para sindicatos y especialistas, puede fragmentar y debilitar negociaciones.
La mirada de la oposición y de las centrales sindicales
Mientras el Gobierno prepara la presentación formal del proyecto en sesiones extraordinarias, parte de la oposición salió a marcar diferencias. El diputado nacional y titular de la CTA, Hugo Yasky, afirmó que la reforma busca llevar al trabajador a una situación de “indefensión absoluta”.
Según Yasky, el texto “no está pensado para PyMes ni para trabajadores informales, sino para cumplir compromisos con el FMI y con grandes corporaciones”, y significaría un retroceso comparable al escenario previo a la legislación laboral moderna. También cuestionó que habilite la flexibilización total de horarios, salarios y despidos.
Legisladores sindicales de distintos bloques trabajan en un rechazo unificado y anticipan acompañamiento de la CGT, que ya había expresado su preocupación por la ampliación de servicios esenciales considerada en el proyecto, al entender que podría afectar el derecho a huelga.
