El juez federal Santiago Inchausti resolvió este sábado la entrega de 26 vehículos –la mayoría de ellos de alta gama, camionetas y dos camiones- a la Intendencia de General Pueyrredon en calidad de depositario judicial, dadas las excepcionales circunstancias sanitarias en el marco de la pandemia de coronavirus.
Además, se autorizó la entrega de ocho automóviles a la Policía Federal Argentina para tareas de seguridad. Se trata de rodados secuestrados en el marco de la causa de narcocriminalidad conocida como “Lavado Total” y en la que la Cámara Federal de Casación Penal ya confirmó los decomisos preventivos de los rodados.
Ayer personal municipal se dirigió hasta el predio ubicado en el sur de la ciudad e hizo una evaluación de los vehículos, lo que permitió comprobar lo valioso del aporte. “Son automóviles y camionetas que nos servirían mucho para patrullaje y otras medidas de control”, dijo una fuente consutlada.
Luego de que el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, solicitara la entrega de vehículos para atender las contingencias asistenciales y de seguridad atinentes a la situación de pandemia y aislamiento social provisorio y obligatorio, el pedido fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación -con conocimiento de la Procuración General de la Nación-, que el pasado 1° de abril –a través de su subdirección de Gestión Interna y Habilitación- comunicó que debía disponerse, siempre que la instancia del proceso y la naturaleza del delito investigado lo permitan, la entrega provisoria de vehículos a la Intendencia.
Para ello, se habilitó que mecánicos del Municipio y de la Policía Federal –quienes custodian el predio— revisen los rodados para establecer cuáles cumplen con las condiciones para paliar la situación sanitaria.
En paralelo, el fiscal general Daniel Adler, que interviene en la causa, dictaminó favorablemente: “Entiendo que el uso y puesta en funcionamiento de los vehículos, a condición de ser debidamente asegurados, permitirían su mejor conservación, a la par de ser utilizados para un fin social noble, útil y de interés público”, sostuvo en sintonía con la política criminal de la Procuración General de la Nación en busca del recupero de activos en favor de los intereses generales de la sociedad.
La resolución judicial señala que deben ser utilizados para el cumplimiento de los objetivos específicos requeridos: que los agentes municipales afectados a los servicios de salud, desarrollo social, seguridad y/u otros servicios esenciales, puedan efectuar el traslado de personas y demás elementos a los fines de hacer frente a la emergencia sanitaria desatada a partir de la declaración de pandemia por la OMS.
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