Se extenderán del 2 al 27 de febrero y el oficialismo acelera negociaciones en el Senado para reunir los votos necesarios.
El presidente Javier Milei convocó al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias que se desarrollarán del 2 al 27 de febrero de 2026, en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión quedó formalizada a través del Decreto 24/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
¿Qué temas podrán tratarse durante las sesiones extraordinarias?
Entre los proyectos incluidos se destaca la Ley de Modernización Laboral, considerada prioritaria por el Gobierno, junto con el tratamiento del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea.
Además, el temario contempla la modificación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y la posible designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la Ley del Servicio Exterior.
Según el decreto, el Congreso deberá trabajar durante 25 días fuera del calendario habitual. Cualquier iniciativa que no figure en la agenda oficial sólo podrá debatirse con una nueva convocatoria presidencial o con el aval expreso del jefe de Estado.
Esta es la segunda vez que el Gobierno recurre a sesiones extraordinarias durante el receso legislativo. En diciembre pasado, el oficialismo logró sancionar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, dos normas centrales para la administración libertaria.
¿Cuál es la estrategia del Gobierno en el Senado?

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En la Cámara alta, el oficialismo trabaja con un cronograma que prevé una sesión clave entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero. La estrategia es llegar a esa fecha con los acuerdos mínimos cerrados para evitar sobresaltos en el recinto.
La conducción política del proceso está a cargo de Patricia Bullrich, presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social y jefa del interbloque oficialista. Desde el lunes 26 de enero, Bullrich iniciará reuniones individuales con senadores de la oposición dialoguista.
En paralelo, una comisión técnica encabezada por la abogada Josefina Tajes comenzó a sistematizar las propuestas de modificación y los reclamos presentados por distintos bloques y por representantes gremiales. El objetivo es arribar a un texto consensuado que pueda superar la votación en general y artículo por artículo.
Un punto clave: el papel de la UCR
Está claro que el oficialismo necesita sumar apoyos externos para alcanzar el quórum en el Senado. El interbloque de La Libertad Avanza reúne 21 senadores, lejos de las 37 voluntades necesarias para habilitar una sesión.
Por ese motivo, la Unión Cívica Radical aparece como un actor decisivo en la definición del debate. El bloque radical cuenta con 10 senadores, cuyos votos resultan clave para que el Gobierno pueda avanzar con el tratamiento de la reforma laboral.
A ese esquema se suman el PRO, que aporta tres bancas, y un conjunto de legisladores provinciales que no siempre responden de manera directa a los gobernadores. En ese contexto, el camino legislativo para el oficialismo se presenta complejo y sujeto a negociaciones permanentes.
Según fuentes parlamentarias, al menos una fuerza política del interior del país ya comprometió su acompañamiento a la iniciativa. Ese respaldo permitió destrabar aspectos operativos y políticos previos, aunque el desenlace del debate seguirá dependiendo del posicionamiento final de la UCR.
Un clima político atípico en verano

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El debate se desarrolla en un contexto poco habitual para el Senado. Mientras los sindicatos mantienen una postura crítica pero buscan incidir en las comisiones técnicas, el kirchnerismo conserva un bajo perfil en la discusión.
En contraste, sectores del peronismo no alineados con el cristinismo manifestaron malestar por la falta de protagonismo en el tratamiento legislativo, observando desde afuera cómo avanza una de las iniciativas centrales del Gobierno.
Febrero aparece como un mes decisivo para el Ejecutivo, que apuesta a cerrar acuerdos y convertir la reforma laboral en una de las principales leyes aprobadas durante el primer tramo del año legislativo.
