El proyecto se vota este miércoles y aún hay senadores sin postura definida, mientras crece la expectativa por cambios al texto.
El Senado debatirá este miércoles el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei, en una sesión convocada para las 11 de la mañana. El Gobierno confía en lograr la aprobación general de la iniciativa, aunque todavía existen dudas sobre la votación en particular de algunos artículos, debido a que varios senadores no definieron su postura.
El oficialismo necesita reunir al menos 37 legisladores para alcanzar el quórum y la mayoría necesaria para aprobar el proyecto. En la Casa Rosada aseguran que los acuerdos con gobernadores y bloques aliados permitirían llegar a ese número, aunque reconocen que el margen es ajustado.
El texto definitivo de la reforma será presentado durante la apertura del debate, luego de modificaciones introducidas tras negociaciones con sectores políticos, empresariales y sindicales. Las modificaciones mantienen un clima de incertidumbre sobre el alcance final de la norma.
Mientras se desarrolle la sesión en el Congreso, organizaciones sindicales como la CGT y la CTA convocaron a movilizaciones, en tanto que gremios docentes anunciaron paros y manifestaciones en distintos puntos del país en rechazo a la iniciativa.
El oficialismo confía, pero siguen las dudas
Imagen: Radio Continental
La Libertad Avanza cuenta con el respaldo de sus 20 senadores, a los que se sumarían aliados que en votaciones anteriores acompañaron al Gobierno, aunque su postura actual no fue confirmada públicamente. Entre ellos aparecen legisladores del PRO, sectores del radicalismo, bloques provinciales y representantes cercanos a distintos gobernadores.
En el radicalismo, algunos senadores evitaron anticipar su voto y evalúan respaldar la aprobación general del proyecto, pero podrían rechazar artículos específicos. Algo similar ocurre con legisladores de espacios provinciales que mantienen negociaciones abiertas con el oficialismo.
También existen dudas dentro de sectores del peronismo no alineado con el kirchnerismo, cuyos integrantes suelen votar con autonomía. En el Gobierno creen que podrían acompañar el proyecto, aunque no hay definiciones públicas.
La oposición kirchnerista anticipa rechazo
El bloque peronista alineado con el kirchnerismo confirmó su rechazo al proyecto de reforma laboral. Según estimaciones parlamentarias, el espacio contaría con al menos 23 votos en contra, junto a otros sectores aliados.
Referentes de ese espacio cuestionan los cambios propuestos en el vínculo entre trabajadores y empresas, además de las modificaciones en derechos laborales. El rechazo se mantiene firme, aunque la votación en particular podría depender de eventuales modificaciones al texto.
La disputa política dentro del peronismo también influye, ya que existen sectores que se alejaron de la conducción kirchnerista y mantienen posiciones independientes frente al proyecto.
¿Qué cambios impulsa la reforma laboral?
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El proyecto propone una serie de modificaciones en las relaciones laborales, el funcionamiento sindical y el régimen de contratación. Entre los puntos principales, habilita el pago de salarios en moneda extranjera de forma opcional y permite el depósito de sueldos en billeteras virtuales.
Además, introduce el concepto de negociación salarial vinculada a productividad y crea el Fondo de Asistencia Laboral, destinado a cubrir indemnizaciones mediante aportes empresariales. El sistema sería opcional y conviviría con el esquema actual.
La iniciativa también modifica el cálculo de indemnizaciones, reduce algunos conceptos incluidos en su base y establece nuevas pautas de actualización para los juicios laborales.
En materia de jornada laboral, el proyecto incorpora un banco de horas para compensar horas extra con días libres y permite acuerdos para extender la jornada hasta 12 horas. También, habilita el fraccionamiento de vacaciones en períodos mínimos de siete días.
Reformas sindicales y servicios esenciales
La propuesta establece cambios en la Ley de Asociaciones Sindicales, al exigir autorización del empleador para asambleas que puedan afectar la actividad laboral. También considera como infracciones graves los bloqueos de establecimientos o acciones que limiten el trabajo de quienes no adhieran a medidas de fuerza.
Otro punto relevante es la ampliación del listado de servicios esenciales, que deberán garantizar al menos el 75% de su funcionamiento durante conflictos gremiales. Entre ellos se incluyen telecomunicaciones, educación, servicios portuarios y aeronáuticos.
Además, se crea una categoría de servicios de importancia trascendental, que deberán mantener un mínimo del 50% de actividad. Allí se incluyen sectores como transporte, industria alimenticia, comercio, bancos, hotelería y minería, entre otros.
El debate por el impacto económico y previsional
Imagen: La Bulla
Uno de los aspectos más discutidos del proyecto es el capítulo impositivo, que contempla una reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas. Gobernadores advirtieron que la medida podría afectar la recaudación provincial y reclaman modificaciones.
Otro punto en discusión es el financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral mediante recursos que actualmente se destinan al sistema previsional. Algunos legisladores manifestaron reparos sobre el impacto que podría tener en la ANSES.
Ante estas observaciones, el oficialismo analiza introducir cambios para facilitar la aprobación del proyecto, aunque no confirmó cuáles serán las modificaciones. El resultado final sigue siendo una incógnita, mientras los trabajadores se preguntan si alguno de todos los cambios que se negocian realmente serán beneficios para ellos.
