La Cámara confirmó la cautelar y exige actualizar salarios y becas por inflación acumulada. Del Gobierno, sólo hay silencio.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal resolvió este martes confirmar la medida cautelar dictada en diciembre por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, a cargo del juez Martín Cormick.
La decisión, tomada por la Sala III con las firmas de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, obliga nuevamente al gobierno de Javier Milei a cumplir con la ley de financiamiento universitario vigente.
El fallo responde a un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y sostiene que el Ejecutivo debe actualizar los salarios docentes y nodocentes, así como también las becas estudiantiles, en base a la inflación acumulada.
La resolución va de la mano con los conflictos en las universidades nacionales, las medidas de fuerza y reclamos salariales que se repiten en distintas casas de estudio, incluida la Universidad Nacional de Mar del Plata.
¿Qué dice la cautelar y por qué es clave?
Imagen: Federación Anarquista
La medida cautelar confirmada apunta a garantizar el cumplimiento de dos artículos centrales de la ley, vinculados a la recomposición salarial y al sostenimiento del sistema de becas. Además, la Justicia consideró que existe un “perjuicio irreparable” para la comunidad universitaria si no se aplica la norma, destacando la afectación de derechos fundamentales.
Los camaristas también rechazaron el argumento del Gobierno sobre la falta de financiamiento, señalando que no puede suspender la vigencia de una ley mediante otra norma de igual jerarquía.
A partir de ese punto, remarcaron que el impacto fiscal de cumplir la ley sería del 0,23% del PBI, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, un porcentaje considerado bajo en relación al total del gasto público.
El conflicto de fondo: decreto y ley en disputa
El eje del conflicto se centra en un decreto del Poder Ejecutivo que, al promulgar la ley (aprobada por el Congreso tras un veto presidencial), suspendió su aplicación argumentando que no contaba con una fuente de financiamiento explícita.
La cuestión de fondo del amparo busca que se declare la inconstitucionalidad de esa decisión, al considerar que el Ejecutivo no puede dejar sin efecto una norma aprobada por el Poder Legislativo. Para la Justicia, en esta instancia inicial, no está justificada la suspensión de la ley, lo que refuerza la obligación del Gobierno de cumplirla mientras se resuelve el planteo de fondo.
La postura del Gobierno: un nuevo proyecto de ley
Imagen: Letras Libres
En paralelo a la disputa judicial, el Gobierno nacional presentó un nuevo proyecto para reformar la ley de financiamiento universitario vigente. Desde sectores sindicales y universitarios denuncian que esta iniciativa busca evitar el cumplimiento de la norma actual, aprobada en seis oportunidades por el Congreso y ratificada tras superar el veto presidencial.
El proyecto oficial propone enfocarse principalmente en los gastos de funcionamiento y en partidas para hospitales universitarios, dejando de lado el principal reclamo del sector que es la recomposición salarial.
Además, elimina la obligación de que las paritarias tengan como piso la inflación y no contempla la pérdida del poder adquisitivo registrada durante 2024, estimada en más del 30%.
¿Cuáles son los reclamos sindicales?
Desde la CONADU y el Frente Sindical Universitario sostienen que la única salida es el cumplimiento de la ley vigente y rechazan cualquier intento de modificación. Advierten que el 90% del presupuesto universitario está destinado a salarios, por lo que cualquier propuesta que no contemple este punto resulta insuficiente.
También señalan que el Gobierno no convocó a paritarias nacionales, lo que agrava la situación salarial de docentes y nodocentes, algunos de los cuales perciben ingresos cercanos a los 250.000 pesos mensuales.
En este contexto, los sindicatos realizan consultas y asambleas en todo el país para definir un plan de lucha que incluya nuevas medidas de fuerza en defensa del sistema universitario. Mientras tanto, del lado del Gobierno, solamente hay silencio y ninguna intención real de resolver un conflicto que sacude a uno de los pilares más importantes de la sociedad argentina.
