Un juez federal fijó el 4 de febrero como fecha límite y advirtió multas personales a funcionarios si no cumplen.
La Justicia volvió a ponerle un límite al Gobierno de Javier Milei. El Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, intimó al Poder Ejecutivo a demostrar avances concretos en la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La resolución fue dictada en plena feria judicial y establece un plazo perentorio: la norma debe estar en plena ejecución antes del 4 de febrero. De no cumplirse, el magistrado advirtió que se aplicarán multas diarias a los funcionarios responsables.
La intimación alcanza a áreas claves del Gobierno, entre ellas Capital Humano y Vocería Presidencial, y menciona expresamente a funcionarios como Manuel Adorni y Sandra Pettovello.
Ley de Emergencia en Discapacidad: plazo límite y sanciones
El fallo no deja margen para interpretaciones. El juez ordenó que el Gobierno acredite medidas reales y efectivas, y no simples anuncios, borradores o análisis en curso.
Además, estableció que el incumplimiento derivará en sanciones económicas personales para los funcionarios, una medida poco habitual que refuerza el carácter urgente de la decisión judicial.
La resolución remarca que el Estado no puede retroceder en derechos sociales ya reconocidos y que la falta de presupuesto no justifica la paralización de una ley vigente.
El intento de frenar la ley y el rechazo judicial
Imagen: Info News
La medida judicial surge luego de que el Gobierno intentará suspender la aplicación de la ley mediante el Decreto 681/2025, argumentando que no existían partidas presupuestarias para financiarla.
Sin embargo, la Justicia recordó que la Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada por el Congreso y que, tras el veto presidencial inicial, el propio Parlamento insistió con su vigencia.
En ese contexto, el juez fue claro: la discusión presupuestaria no puede utilizarse como excusa para incumplir una norma que protege a un colectivo vulnerable.
Salud y discapacidad: un sistema al borde del colapso
Imagen: Agencia FARCO
Mientras el Gobierno dilata su aplicación, el sistema de prestaciones para personas con discapacidad atraviesa una situación crítica. Prestadores, centros terapéuticos, escuelas especiales y transportistas acumulan deudas y trabajan con aranceles desactualizados.
Las demoras en los pagos de obras sociales y prepagas, que en muchos casos superan los 60 y 90 días, están provocando cierres de servicios y la salida de profesionales del sistema.
Desde el sector advierten que la falta de cumplimiento de la ley pone en riesgo tratamientos, acompañamientos y la continuidad educativa de miles de personas en todo el país.
Una carta ya usada por este Gobierno
El conflicto recuerda a lo ocurrido con la Ley de Financiamiento Universitario. En aquel caso, el Gobierno también se negó a avanzar con su implementación hasta que se definiera el origen de los fondos.
Finalmente, fue la presión política, social y judicial la que obligó al Ejecutivo a dar respuestas frente a una norma aprobada por el Congreso. Por el momento, no está definido qué va a suceder con esta Ley lo que también deja en duda el inicio de las clases.
Ahora, la Justicia vuelve a marcarle el camino: las leyes se cumplen. Y los derechos, no se negocian.
