La investigación incluye medidas de prueba con oficios a bancos y al BCRA, mientras buscan incorporar más documentos a la causa.
La investigación judicial sobre la concesión del estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y los espacios comunes del Parque Municipal de los Deportes continúa ampliándose con nuevas medidas que buscan reconstruir el recorrido del dinero vinculado al proyecto. Mientras todavía permanecen pendientes distintos informes y documentación requerida en los últimos meses, la fiscalía dio un paso más al solicitar información a entidades bancarias y al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para profundizar el análisis de los movimientos financieros relacionados con la adjudicación.
El expediente, que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N°10 de Delitos Económicos, investiga presuntas irregularidades en el proceso licitatorio que derivó en la concesión del complejo deportivo a la empresa Minella Stadium. A casi un año de la firma del contrato, las obras comprometidas aún no comenzaron y el estado del estadio sigue siendo uno de los principales cuestionamientos planteados tanto en el ámbito político como judicial.
La Justicia busca reconstruir el circuito financiero
A pedido de la querella, representada por la asociación civil Mirada Ciudadana, la investigación incorporó nuevos oficios dirigidos al Banco Galicia, Banco Santander y al BCRA con el objetivo de obtener información que permita reconstruir el circuito financiero vinculado a la concesión.
Imagen: Canal Doce Misiones
La intención es establecer la existencia de cuentas, movimientos y otras operaciones que puedan aportar elementos para determinar el destino de los recursos relacionados con el proyecto. En paralelo, también se solicitó información a Camuzzi Gas para conocer la titularidad de los suministros del Minella y del Polideportivo, los pagos efectuados, la modalidad utilizada y los consumos registrados durante el período investigado. Estas medidas buscan completar un mapa sobre la administración económica del predio desde la firma de la concesión.
El expediente podría incluir la documentación del Concejo
En paralelo, la querella solicitó que el Concejo Deliberante remita a la Justicia toda la documentación vinculada con la licitación. El pedido apunta a incorporar al expediente los antecedentes legislativos relacionados con el tratamiento de la concesión, incluyendo proyectos, expedientes, dictámenes, versiones taquigráficas y cualquier otra actuación que permita reconstruir el recorrido administrativo y político de la adjudicación.
La intención es que la Fiscalía cuente con la totalidad de los documentos producidos tanto en el Departamento Ejecutivo como en el ámbito legislativo para contrastar la información ya incorporada a la causa con la que todavía permanece pendiente de remisión.
Informes pendientes y una obra que nunca comenzó
Las nuevas medidas llegan después de una serie de requerimientos que la Justicia viene realizando desde el inicio de la investigación. Entre ellos figuran pedidos de expedientes administrativos, documentación contractual, informes técnicos y distintos antecedentes relacionados con el proceso licitatorio, algunos de los cuales todavía no fueron contestados o llegaron de manera incompleta, lo que motivó nuevas solicitudes de prueba.
En paralelo, desde distintos sectores de la oposición también se impulsaron pedidos de informes para conocer el estado de la concesión y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa adjudicataria, al advertir que los trabajos comprometidos siguen sin iniciarse pese al tiempo transcurrido desde la toma de posesión del predio.
Imagen: Bacap Noticias
A esto se suma la incertidumbre sobre el plan de inversiones presentado por la concesionaria y la falta de precisiones oficiales acerca de los plazos efectivos para el comienzo de las obras previstas en el contrato.
El foco puesto en el destino de los fondos
Con estas nuevas diligencias, la investigación busca determinar cómo se administraron los recursos vinculados a la concesión y si existieron movimientos financieros relevantes en un proyecto que, hasta el momento, no registró avances materiales sobre el estadio ni el resto de las instalaciones.
Mientras la Fiscalía continúa reuniendo documentación y aguarda la respuesta de los organismos oficiados, la causa sigue incorporando elementos para intentar esclarecer el recorrido administrativo y económico de una concesión que permanece bajo la lupa de la Justicia y que continúa generando interrogantes por la falta de obras, los informes pendientes y la ausencia de avances concretos en la recuperación del principal escenario deportivo de Mar del Plata.
