La concesión de créditos millonarios por parte del Banco Nación a funcionarios y legisladores vinculados a La Libertad Avanza quedó en el centro de la agenda política y judicial.
La diputada Mónica Frade presentó una denuncia penal para que se investigue si hubo irregularidades en el otorgamiento de estos préstamos, que en algunos casos alcanzan cifras cercanas a los 350 mil dólares.
El planteo judicial apunta a determinar si existieron delitos como “tráfico de influencias” o “administración fraudulenta”, dentro de un entramado donde los beneficiarios incluyen a funcionarios del equipo económico, directores de organismos públicos y legisladores oficialistas. Según la denuncia, algunos créditos no se corresponderían con la capacidad de repago de los solicitantes, un criterio central exigido por la normativa del Banco Central de la República Argentina.
El caso tomó volumen tras la difusión de datos de la Central de Deudores, que expusieron préstamos de cientos de millones de pesos otorgados a figuras cercanas al gobierno de Javier Milei. Entre los nombres mencionados aparecen funcionarios del área económica y dirigentes políticos con deudas que superan ampliamente los $300 millones.
Desde el Banco Nación rechazaron las acusaciones y sostuvieron que no hubo trato preferencial. La directora Carolina Piparo aseguró que el proceso de evaluación es “igual para todos” y que los créditos se otorgaron bajo criterios técnicos, sin excepciones ni discrecionalidad. En la misma línea, fuentes de la entidad remarcaron que el scoring crediticio y los ingresos declarados fueron determinantes para cada aprobación.
Sin embargo, la denuncia insiste en que la concentración de préstamos en figuras políticamente expuestas y con vínculos directos con el poder abre interrogantes sobre la transparencia del proceso. La Justicia deberá analizar documentación clave, como legajos crediticios, actas de directorio y condiciones de otorgamiento, para establecer si existieron beneficios indebidos.
El capítulo Mar del Plata: créditos, política y el caso Carrancio
El impacto del escándalo también alcanza a Mar del Plata, donde aparece mencionado el dirigente libertario Alejandro Carrancio. Según trascendió, habría accedido a un crédito cercano a los 145 mil dólares a través del Banco Nación.
El caso local suma un componente político adicional que tiene que ver con que el otorgamiento de estos préstamos contrasta con el discurso previo del oficialismo, que había planteado incluso el cierre o transformación del banco público. Desde sectores de la oposición, se interpretó como una señal de contradicción entre el discurso anti-“casta” y el acceso a beneficios financieros desde el Estado.
En paralelo, el diputado Esteban Paulón impulsó pedidos de informes para conocer si existieron controles sobre posibles conflictos de interés o trato preferencial hacia funcionarios. También se puso el foco en el rol de organismos de control y en los límites de asistencia crediticia a personas políticamente expuestas.
Así, Mar del Plata se integra a una trama más amplia que combina financiamiento estatal, vínculos políticos y cuestionamientos sobre la equidad en el acceso al crédito. La investigación judicial será clave para determinar si se trató de operaciones regulares dentro del sistema financiero o de un esquema con privilegios encubiertos.
