La Cámara Federal de Apelaciones ordenó suspender las actividades por dos meses. Es para que los organismos de Derechos Humanos presenten pruebas.
Desde que se conoció la noticia que hablaba de inaugurar un establecimiento gastronómico y una destilería de gin donde durante la Dictadura funcionó un centro clandestino, las controversias nunca frenaron.
Tanto los organismos de Derechos Humanos como parte de la ciudadanía levantó la voz y mostró su descontento con el proyecto. A partir de estas discusiones, la Justicia de la ciudad finalmente resolvió hacer lugar al reclamo y dictaminó la suspensión de las obras por un plazo de sesenta días hábiles.
La medida busca evitar modificaciones irreversibles en el suelo mientras se determina si las obras podrían destruir evidencia sobre el terrorismo de Estado.
¿Por qué se frenó la obra en el Faro de la Memoria?
La decisión fue tomada por los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, quienes revocaron parcialmente la postura inicial del Juzgado Federal N°3. El tribunal de alzada optó por un criterio de precaución, priorizando la preservación del sitio ante la posibilidad de un daño irreparable.
El conflicto comenzó en agosto del año pasado, cuando el Concejo Deliberante, impulsado por la mayoría del oficialismo local, aprobó la ordenanza que cedía el uso del predio a una sociedad de fomento vecinal, la cual a su vez habilitó la llegada de una firma privada para abrir un bar.
Para el municipio, el terreno es una parcela fiscal independiente del sitio histórico protegido y del Espacio para la Memoria. Pero, la querella, encabezada por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado, no está de acuerdo.
La parte denunciante sostiene que la división de los terrenos es una formalidad burocrática que no tiene que ver con la realidad histórica. Su argumento parte de la base de que las actividades clandestinas no se limitaron a los edificios ya señalizados y que existen testimonios de sobrevivientes que hablan sobre simulacros de fusilamiento en zonas arboladas que coincidirían con el lote donde se planea el estacionamiento y el bar.
¿Quiénes hicieron y qué dice la denuncia?
La denuncia fue presentada por los organismos de derechos humanos contra los 15 concejales que avalaron el proyecto: Agustín Neme, Cristian Beneito, Julián Bussetti, Mercedes Morro, Florencia Ranellucci y Guillermo Volponi, de Vamos Juntos; Marianela Romero, Daniel Núñez, Marina Sánchez Herrero, Gustavo Pujato y Ricardo Liceaga Viñas, de la UCR; Angélica González y Guido García, de la Coalición Cívica; y Cecilia Martínez y Emiliano Recalt (Crear Más Libertad), las autoridades de la Sociedad de Fomento Faro Norte y de la empresa de gin La Restinga, bajo la firma Burbarrell S.A.
Para el abogado, los concejales habrían incurrido en los delitos de abuso de autoridad, administración fraudulenta y defraudación a la administración pública. La denuncia dice: “haciendo un ejercicio abusivo de su autoridad, sancionaron una ordenanza que va en franca contradicción con el ordenamiento jurídico vigente, tanto provincial como nacional e incluso supranacional en materia de derechos humanos”.
El fallo es un golpe al gobierno municipal que buscaba avanzar rápidamente con la explotación comercial de esa zona. La prohibición no es definitiva, pero la Justicia dejó en claro que siguen existiendo consensos colectivos que la sociedad no va a pasar por alto. Si alguien quiere explotar un área que puede haber sido testigo de una de las épocas más oscuras de la historia, deberá exponerse al peso de la ley y de la memoria.
