La iniciativa generó tensiones con aliados por la edad de imputabilidad y será reformulada para lograr consenso legislativo.
El Gobierno nacional resolvió retirar del Congreso el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil luego de desacuerdos con bloques aliados sobre la edad de imputabilidad. La decisión fue confirmada por fuentes oficiales y apunta a reformular el texto para recuperar apoyos políticos y reactivar el tratamiento legislativo.
Desde el oficialismo señalaron que el Poder Ejecutivo trabaja en una nueva versión del proyecto que será presentada en las próximas horas. El objetivo es introducir ajustes que permitan retomar el diálogo y avanzar en una reforma integral del sistema penal juvenil vigente.
Diferencias políticas y retroceso del proyecto
Uno de los factores centrales del retiro del texto fue la falta de acuerdo sobre la edad a partir de la cual un menor puede ser penalmente responsable. Mientras el proyecto proponía reducirla a 13 años, sectores aliados consideraban que ese cambio rompía el equilibrio alcanzado en discusiones previas.
El régimen actual establece la imputabilidad desde los 16 años, por lo que la modificación representa uno de los puntos más sensibles del debate público y político. El oficialismo reconoció que la referencia a los 13 años encendió alertas dentro del propio espacio y aceleró la decisión de revisar el proyecto.
Además, la iniciativa incluía la asignación de partidas presupuestarias específicas para garantizar la aplicación del nuevo sistema. Entre ellas, más de 20 mil millones de pesos destinados a la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia, recursos que en versiones anteriores quedaban sujetos a la discrecionalidad administrativa.
¿Qué cambios impulsa la reforma penal juvenil?
Imagen: Poder Judicial Provincia de Corrientes
El proyecto oficial busca reemplazar la normativa vigente desde 1980 con un régimen que contemple sanciones escalonadas y priorice medidas educativas y restaurativas. La propuesta prevé que los adolescentes involucrados en delitos puedan acceder a programas de escolarización, capacitación laboral y asistencia psicológica.
También establece que la privación de la libertad sea una medida excepcional, reservada para delitos graves y en instituciones especializadas. En esos casos, el esquema fija un máximo de condena que puede alcanzar los 15 o 20 años, según la gravedad del delito.
Otro punto relevante es la ampliación del rol de las víctimas dentro del proceso judicial. El proyecto plantea garantizar su participación, acceso a patrocinio legal y asistencia psicológica, además de permitir su intervención en instancias de mediación penal juvenil.
La iniciativa incorpora además la responsabilidad civil de padres o tutores en determinados casos y contempla mecanismos alternativos como la suspensión del juicio a prueba para delitos leves.
En qué provincia se concentran las causas para menores
Imagen: Infobae
Mientras avanza el debate legislativo, los datos judiciales muestran cómo se distribuyen las causas penales juveniles en el país. Según el último informe de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema, las provincias con mayor cantidad de expedientes son aquellas con mayor población.
Durante 2024, Santa Fe registró 4.551 menores con ingreso al sistema penal juvenil, seguida por Córdoba con 2.437 casos y la provincia de Buenos Aires con 1.802. Los registros reflejan que la problemática tiene mayor presencia en distritos con estructuras judiciales más amplias.
Los delitos más frecuentes y las respuestas judiciales
También se reveló que la mayoría de las causas contra menores corresponde a delitos contra la propiedad. Ese patrón se repite en gran parte del territorio nacional, aunque algunas jurisdicciones presentan predominio de delitos contra las personas o contra la integridad sexual.
En cuanto a las medidas aplicadas por la Justicia, predominan las alternativas al encierro. Las jurisdicciones priorizan intervenciones socioeducativas, libertad vigilada y otros mecanismos orientados a la reinserción social, mientras que la privación de la libertad aparece como último recurso.
Especialistas y exfuncionarios judiciales advierten que cualquier modificación del régimen debe contemplar estándares internacionales y el principio de especialidad, que reconoce el tratamiento diferenciado para adolescentes en conflicto con la ley.
