La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a miles de personas y coincidió con el intento opositor de derogar el DNU 70/23, que no pudo debatirse por falta de quórum en Diputados.
La concentración comenzó durante la tarde en la intersección de San Lorenzo y Funes, frente al Complejo Universitario. Desde allí, las columnas avanzaron por San Lorenzo hasta Alvarado y luego tomaron la avenida Independencia para continuar hacia Luro, donde la movilización concluyó frente al monumento a San Martín.
Según se informó durante la jornada, al llegar al punto de cierre la columna ocupaba unas ocho cuadras de las avenidas Luro e Independencia. Desde la organización también señalaron que, al inicio, las columnas se extendían a lo largo de aproximadamente doce cuadras.
Desde la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) denunciaron que el municipio no había enviado las motos para ordenar el tránsito, como había ocurrido en otras oportunidades. Por ese motivo, la columna debió adaptar su trayecto para continuar por las calles del centro.
La convocatoria fue impulsada por los trabajadores docentes y no docentes, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades públicas, y la Federación Universitaria Argentina (FUA).
Detrás de la bandera principal, que llevaba la consigna “Democracia, Soberanía, Universidad Pública Siempre”, marcharon referentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), representantes gremiales y dirigentes estudiantiles. Entre ellos estuvieron la secretaria general de ADUM, Abigaíl Araujo; la rectora de la UNMdP, Mónica Biasone; la secretaria general de la Asociación del Personal Universitario (APU), Victoria Schadwill; y la presidenta de la Federación Universitaria Marplatense (FUM), Rosella Pasetti.
También participaron investigadores del Conicet, estudiantes de distintas facultades y alumnos de los colegios Illia y Polivalente de Arte. A las columnas universitarias se incorporaron sindicatos, agrupaciones políticas y movimientos sociales, que acompañaron la movilización hasta el centro de la ciudad.
Reclamo y advertencias de la comunidad universitaria
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La secretaria general de ADUM, Abigaíl Araujo, cuestionó el incumplimiento de la normativa y reclamó la intervención de la Justicia. “El Poder Judicial se tiene que hacer cargo de que se cumplan las leyes en este país”, sostuvo. Además, consideró que, ante la situación, el Ministerio Público Fiscal debería actuar de oficio.
Por su parte, la rectora de la UNMdP, Mónica Biasone, vinculó el desfinanciamiento de las universidades con el aumento de las desigualdades sociales. Según planteó, la educación pública cumple un papel fundamental para ampliar las oportunidades y garantizar el acceso al conocimiento, por lo que consideró necesario que la sociedad en su conjunto acompañe la defensa del sistema universitario.
Biasone también remarcó que el aporte de las universidades no se limita a quienes estudian o trabajan en ellas. La investigación, la producción de conocimiento y la innovación tienen impacto en distintos sectores de la comunidad, por lo que sostuvo que la defensa de la educación pública involucra también a quienes no forman parte directamente de las instituciones.
La presidenta de la FUM, Rosella Pasetti, puso el foco en las dificultades que atraviesan los estudiantes para continuar sus carreras. “Está siendo muy difícil sostener nuestra permanencia. Somos una generación que está postergando su futuro para poder sostener su presente”, expresó, al describir el impacto que tiene la situación económica en la vida universitaria.
¿Qué se buscaba derogar del DNU 70/23?
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Mientras se desarrollaba la marcha, los bloques opositores intentaron abrir una sesión especial en Diputados para debatir la derogación del DNU 70/23, firmado por Javier Milei en diciembre de 2023, la norma estableció una amplia desregulación económica y modificó o derogó disposiciones de distintas áreas, entre ellas las relaciones laborales, los alquileres y las actividades comerciales. La oposición buscaba que el Congreso discutiera la continuidad de ese paquete de reformas y sus efectos sobre derechos y regulaciones vigentes.
El intento fracasó porque solo se presentaron 121 legisladores, ocho menos de los 129 necesarios para habilitar el debate. Las ausencias estuvieron encabezadas por La Libertad Avanza y el PRO, aunque también faltaron diputados de otros bloques, entre ellos Provincias Unidas, Argentina Federal e Independencia. Sin quórum, la Cámara no pudo discutir ni votar la derogación del decreto.
Uno de los puntos vinculados con la controversia fue la desregulación relacionada con la venta de tierras a extranjeros. Después de decisiones judiciales sobre esas disposiciones, el oficialismo avanzó con una iniciativa propia sobre la inviolabilidad de la propiedad privada que incorporaba límites a la extranjerización de tierras. Su tratamiento fue previsto para una sesión posterior, convocada para el 21 de octubre. La falta de quórum, de todos modos, impidió que ese jueves se debatiera el rechazo al DNU.
