La iniciativa enviada al Congreso prevé multas de hasta 500.000 barriles de petróleo y penas de hasta 20 años de prisión.
El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone endurecer las sanciones contra personas y empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur sin autorización argentina.
La iniciativa, que ingresó a la Cámara de Diputados, amplía el régimen vigente desde 2011 y ya no se limita a las actividades hidrocarburíferas. También incorpora otros recursos naturales y alcanza a quienes participen de manera directa o indirecta en las operaciones, como socios, financistas, proveedores y empresas de servicios.
Malvinas: ¿qué penas prevé el proyecto?
El nuevo régimen contempla multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de permisos e inhabilitaciones de entre cinco y 20 años. Las sanciones podrían impedir que las empresas involucradas desarrollen determinadas actividades económicas en el país.
En materia penal, el proyecto establece penas de 5 a 7 años de prisión para quienes proporcionen de manera consciente bienes o servicios indispensables para esas operaciones. Para la exploración o explotación de recursos naturales no renovables, las penas previstas van de 12 a 20 años, mientras que para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos sin autorización serían de 15 a 20 años.
Además, las personas jurídicas podrían sufrir restricciones para contratar con el Estado, perder permisos y beneficios fiscales o previsionales, y quedar inhabilitadas para operar durante períodos de hasta 30 años. En los casos más graves, también se contempla la disolución o liquidación de las sociedades.
El régimen amplía el alcance a otros recursos
Imagen: Editorial Río Negro
Uno de los principales cambios es que el proyecto extiende la regulación a todos los recursos naturales, incluidos los renovables. De esta manera, el régimen también alcanza actividades como la pesca cuando se desarrollen en los territorios y espacios marítimos contemplados por la iniciativa sin autorización argentina.
La propuesta busca abarcar a quienes realizan la explotación, pero también a la estructura económica y logística que permite llevarla adelante. Por eso incluye operaciones financieras, técnicas, de transporte, consultoría y provisión de servicios vinculadas con esas actividades.
El proyecto también crea un Régimen de Desistimiento y Regularización para empresas que abandonen las actividades cuestionadas y cumplan determinadas condiciones. Entre las alternativas aparece el pago de una multa o la reconversión de inversiones hacia actividades legales dentro de la Argentina.
Malvinas como parte de un nuevo sistema de seguridad
Imagen: GN Noticias
La iniciativa también propone crear un Sistema de Seguridad Nacional, que integraría áreas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, de inteligencia y ciberseguridad. El órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, además de autoridades de inteligencia y otras áreas que puedan ser convocadas.
El proyecto incorpora, además, mecanismos para actuar frente a aeronaves consideradas hostiles, establece procedimientos para la intervención de embarcaciones y crea un sistema nacional de protección de infraestructura crítica.
El texto contempla desde advertencias y maniobras de interposición hasta el uso de la fuerza como último recurso, con requisitos específicos y autorización presidencial para las medidas más extremas.
Con el proyecto ya enviado a Diputados, comenzará ahora la discusión parlamentaria, el tratamiento deberá definir las comisiones que intervendrán y el cronograma para analizar una iniciativa que, además de modificar las sanciones vinculadas con Malvinas, propone cambios más amplios en el sistema de Seguridad y Defensa Nacional.
