Mientras el Concejo Deliberante retoma el tratamiento para regular las plataformas digitales, el Ejecutivo local respaldó la creación de un registro de conductores.
La discusión sobre la regulación de las aplicaciones de transporte en Mar del Plata está en auge desde la escandalosa discusión en el Concejo Deliberante. Es por eso que el Ejecutivo municipal definió oficialmente su postura ante los proyectos que se analizan. El pronunciamiento llega en medio de un debate que lleva meses de tratamiento y que estuvo marcado por episodios de violencia que obligaron a suspender una de las reuniones de comisión.
La cuestión de fondo gira en torno a la necesidad de establecer un marco normativo para plataformas como Uber, Cabify y DiDi, que actualmente funcionan en la ciudad sin una regulación específica, mientras crece la cantidad de usuarios y conductores que utilizan estos servicios.
El respaldo a un registro municipal
Según la postura expresada por el gobierno local, existe acuerdo con la creación de un registro municipal para los conductores que operen mediante aplicaciones de transporte. La iniciativa apunta a generar un sistema de identificación y control que permita ordenar una actividad que ya tiene una fuerte presencia.
Durante los últimos meses, distintos bloques políticos impulsaron proyectos orientados a regular estas plataformas, bajo el argumento de que la actividad requiere controles que otorguen garantías tanto a los pasajeros como a los choferes. Además, en el Concejo se estima que entre 3.000 y 5.000 personas trabajan actualmente a través de aplicaciones de transporte en Mar del Plata.
La posición municipal representa un paso importante porque aporta una mirada institucional a una discusión que hasta ahora había estado dominada únicamente por los sectores involucrados.
Las condiciones que reclaman taxis y remises
Mientras avanza el análisis de los proyectos, los representantes de taxis y remises mantienen una postura crítica respecto de la eventual habilitación de las aplicaciones. El principal reclamo del sector apunta a que cualquier regulación contemple exigencias similares a las que actualmente deben cumplir los servicios habilitados.
Entre los planteos aparecen la implementación de licencias profesionales para los conductores, la realización de controles periódicos y la fijación de cupos que limiten la cantidad de vehículos autorizados a operar mediante plataformas digitales. Además, sostienen que permitir una apertura sin restricciones genera una competencia desigual frente a quienes desarrollan la actividad bajo las normas vigentes.
Imagen: La Capital de Mar del Plata
Los referentes del sector insisten en la necesidad de garantizar “igualdad de condiciones” para todos los prestadores del servicio de transporte de pasajeros, independientemente de la modalidad bajo la cual trabajen.
Un debate plagado de roces
La discusión alcanzó uno de sus momentos más críticos días atrás, cuando una reunión de la Comisión de Movilidad Urbana terminó suspendida por incidentes entre taxistas, remiseros y conductores vinculados a las plataformas digitales. Lo que comenzó como una jornada de exposición y debate derivó en insultos, empujones y golpes dentro del recinto.
Imagen: Qué Digital
La violencia obligó a interrumpir el encuentro y generó un amplio repudio de los distintos bloques políticos, que reclamaron continuar el tratamiento del tema en un clima de respeto y sin agresiones.
Una definición abierta
Pese a los avances y a la posición expresada por el Ejecutivo, la regulación de las aplicaciones de transporte todavía no tiene una definición final. Los expedientes continúan en análisis dentro del Concejo Deliberante y deberán conciliar intereses contrapuestos entre quienes promueven la incorporación formal de las plataformas y quienes exigen mayores restricciones para su funcionamiento.
Con el respaldo municipal a la creación de un registro y los reclamos del sector tradicional sobre la mesa, el debate ingresa en una etapa decisiva. La expectativa ahora está puesta en que los distintos actores logren alcanzar consensos que permitan avanzar hacia una regulación que contemple tanto la realidad tecnológica del transporte como las demandas históricas de taxis y remises.
