Por cuarta vez desde el inicio del ciclo lectivo, habrá huelga de una semana en reclamo por el cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario.
Tras la masiva Marcha Federal Universitaria realizada la semana pasada, los docentes de las universidades nacionales decidieron profundizar el plan de lucha con una nueva semana completa de paro, en reclamo por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y la recomposición salarial.
En la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) confirmó su adhesión a la medida impulsada a nivel nacional por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU). El paro comenzará el martes 26 de mayo, tras el feriado del 25, y se extenderá hasta el sábado 30. Esta será la cuarta semana completa de huelga desde el inicio del ciclo lectivo.
Desde los gremios sostienen que la multitudinaria movilización del 12 de mayo no modificó la postura del Gobierno nacional respecto del financiamiento del sistema universitario. En ese sentido, remarcan que el conflicto permanece abierto porque el Ejecutivo continúa sin aplicar la ley aprobada por el Congreso.
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“La sociedad ya se pronunció masivamente”, señalaron desde CONADU al anunciar la nueva medida de fuerza, al tiempo que acusaron al gobierno de haber elegido a la universidad pública como “enemigo”. El nuevo paro había sido una de las propuestas elevadas por ADUM al congreso nacional de la federación y terminó imponiéndose como la decisión consensuada entre los sindicatos docentes.
El cruce con Milei y la respuesta de los rectores
La tensión política alrededor del conflicto también escaló en los últimos días luego de declaraciones del presidente Javier Milei, quien apuntó contra sectores universitarios y los acusó de ser “delincuentes” por insistir con el reclamo presupuestario.
Las expresiones presidenciales generaron una inmediata respuesta del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que nuclea a los rectores de las universidades públicas. En un duro comunicado, las autoridades universitarias rechazaron los dichos del mandatario y defendieron la legitimidad de las protestas.
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“No es delito defender la educación pública”, remarcaron desde el CIN, que además consideró una “obligación ética” exigir que el gobierno cumpla con una ley sancionada por el Congreso nacional. El pronunciamiento buscó responder directamente a las acusaciones del Presidente y, al mismo tiempo, reforzar la postura institucional de las universidades frente a un conflicto que ya excede el plano salarial.
El ida y vuelta entre la Casa Rosada y las autoridades universitarias volvió a encender la disputa en un escenario ya marcado por las protestas, las medidas de fuerza y la creciente judicialización del reclamo.
Un conflicto que no encuentra salida
El enfrentamiento entre el Gobierno nacional y el sistema universitario se sostiene desde hace meses y está marcado por reclamos salariales, denuncias por recortes presupuestarios y desacuerdos en torno a la ley de financiamiento universitario.
Mientras el Ejecutivo mantiene su negativa a modificar su política fiscal y cuestiona la orientación política de las protestas, docentes, estudiantes y rectores insisten en que la situación financiera de las universidades sigue en estado crítico.
La nueva semana de paro confirma que, lejos de desactivarse después de la movilización federal, el conflicto universitario ingresa en una etapa de mayor confrontación.
