Montenegro impulsa modificaciones al régimen penal juvenil bonaerense.

El senador propone adecuar la Ley 13.634 a la Ley Nacional 27.801, reduciendo la edad de imputabilidad a 14 años y modernizando el sistema.

El senador provincial Guillermo Montenegro (PRO) presentó un proyecto para modificar la Ley 13.634 y adecuarla a la Ley Nacional 27.801, sancionada este año, que bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. 

La iniciativa no busca derogar la normativa vigente, sino reconfigurarla mediante la modificación e incorporación de artículos, con el objetivo de actualizar un sistema que hoy resulta insuficiente para abordar la seguridad en la provincia de Buenos Aires.

Según Montenegro, la reforma implica un cambio de paradigma en el régimen penal juvenil: en el que se deja atrás un enfoque puramente tutelar del menor para avanzar hacia uno basado en la responsabilidad penal, incorporando un rol más activo para las víctimas en el proceso judicial. 

La propuesta apunta a superar un esquema fragmentado y desactualizado, promoviendo un modelo coherente con los principios de legalidad, proporcionalidad y especialización.

¿Cuáles son los cambios principales y las medidas del proyecto?

Imagen: Letra P

La propuesta incluye una reforma en la verificación de la edad de los menores que pasaría a acreditarse con DNI, partidas registrales u otros documentos confiables; si no se obtienen informes concluyentes, se presumirá la minoría de edad. 

Además, se incorporan instrumentos concretos para mejorar la eficacia del sistema, como la especialización obligatoria de jueces y operadores judiciales, la integración de equipos interdisciplinarios y la creación de mecanismos de seguimiento y control de las medidas aplicadas.

En cuanto a las medidas cautelares, se prevé un endurecimiento que incluye prohibiciones de salir del país, restricciones de contacto y la posibilidad de arresto domiciliario o prisión preventiva en casos de riesgo de fuga. 

Montenegro aclaró que la privación de la libertad será el último recurso, con penas máximas de 15 años en establecimientos especializados para adolescentes, y que no se permitirán condenas perpetuas.

El proyecto también fortalece la protección de las víctimas, quienes podrán acceder a asistencia psicológica, patrocinio jurídico gratuito y, si lo desean, participar en mediación con el adolescente imputado.

Contexto del aumento de delitos y justificación de la reforma 

Imagen: Senado BA

La iniciativa surge ante un incremento de delitos cometidos por menores, muchos bajo coordinación de adultos. Entre los hechos más graves se incluyen robos con armas, homicidios y la participación de adolescentes en redes criminales vinculadas al narcotráfico.

Un informe del primer semestre de 2025 reveló que la cantidad de menores de 16 años con causas penales aumentó un 16,8%, afectando principalmente a la región metropolitana. Estos jóvenes representaron el 44,1% del total de adolescentes involucrados en delitos, lo que evidencia la necesidad de actualizar la normativa y dotar al Estado de herramientas más efectivas para intervenir.

Montenegro sostuvo que avanzar hacia un régimen juvenil moderno, especializado y alineado con la normativa nacional es una necesidad estructural para la provincia. La reforma busca garantizar que el sistema sea coherente, eficiente y capaz de reencauzar las trayectorias de los jóvenes en conflicto con la ley penal, al tiempo que protege a la sociedad y a las víctimas.

El proyecto cuenta con el acompañamiento total del bloque de senadores bonaerenses del PRO, y pretende implementar un modelo integral, donde la reducción de la edad de imputabilidad, la especialización judicial, las medidas cautelares más estrictas y la protección de las víctimas se articulen para generar un sistema más justo y efectivo.