Kicillof y Milei se enfrentan por la disputa del Tramo Atlántico del corredor que conecta a Mar del Plata con otras localidades bonaerenses.
El proceso de licitación de la Ruta Nacional 226, especialmente el tramo denominado “Atlántico”, abrió un nuevo foco de conflicto político entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires. Este sector, que se extiende desde Mar del Plata hasta Bolívar, forma parte de un paquete mayor dentro de la Red Federal de Concesiones y resulta estratégico tanto para la conectividad regional como para la actividad productiva del centro bonaerense.
La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional busca transferir al sector privado la explotación, mantenimiento y administración de más de 1.300 kilómetros de rutas, bajo el esquema de concesión con cobro de peajes. El tramo Atlántico incluye los más de 400 kilómetros de la Ruta 226 que parten desde la rotonda de avenida Luro en Mar del Plata y atraviesan ciudades como Balcarce, Tandil, Azul y Olavarría.
AUBASA, en carrera y en conflicto por la 226
Imagen: AUBASA
Entre los oferentes aparece la empresa estatal bonaerense AUBASA, actualmente encargada de la gestión de corredores viales provinciales. Su presentación desató un fuerte cuestionamiento político hacia el proceso impulsado por Nación. Desde la Provincia sostienen que la empresa cuenta con la experiencia necesaria para administrar este tipo de corredores y remarcan que cumple con todos los requisitos técnicos.
Sin embargo, la discusión excede lo técnico, ya que el ingreso de AUBASA al proceso profundizó el enfrentamiento entre las administraciones de Javier Milei y Axel Kicillof en torno al modelo de gestión de la infraestructura vial.
Denuncias por falta de transparencia
Imagen: Radio Provincia
El punto más crítico del conflicto radica en las denuncias de irregularidades en el proceso licitatorio. El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, advirtió que la licitación “está lejos de ser transparente e íntegra” y reclamó la intervención de organismos de control como las Defensorías del Pueblo para actuar como veedores.
Según explicó el funcionario, durante el desarrollo del proceso se introdujeron modificaciones “estructurales” en los pliegos que alteraron las reglas originales. Entre ellas, se destacan cambios técnicos y financieros incorporados mediante circulares oficiales, incluso a pocos días del cierre de presentación de ofertas.
Para la provincia de Buenos Aires, estas alteraciones afectan la igualdad entre los competidores y generan sospechas. En ese sentido, Katopodis fue más allá al plantear la posibilidad de un “negociado” detrás de la licitación, una acusación que eleva el tono político del conflicto.
En línea con estas denuncias, distintos sectores también impulsan la necesidad de un control externo independiente que garantice la transparencia del proceso. La propuesta de incorporar veedores apunta a supervisar tanto la evaluación técnica como la económica de las ofertas, en un contexto que la Provincia considera de “máxima sensibilidad institucional”.
Ruta 226: un corredor estratégico en disputa
El tramo Atlántico de la Ruta 226 está marcado por la incertidumbre y su futura concesión será clave para definir quién administrará el sistema de peajes y mantenimiento, el esquema de inversiones y el estado de una infraestructura vital.
La disputa entre Nación y Provincia suma un nuevo capítulo con implicancias políticas, económicas y territoriales. Mientras el proceso licitatorio avanza, las denuncias de falta de transparencia y los pedidos de control externo colocan bajo la lupa una decisión que impactará directamente en la región.
