La obra pública ubicada en Las Armas estaba avanzada, pero se paralizó con las restricciones del Gobierno nacional. ¿Cómo afecta esto a la ciudad?
La Planta Compresora de Las Armas, una obra estratégica para el sistema de gas de Mar del Plata y la Costa Atlántica, permanece paralizada y sin definiciones oficiales sobre su terminación, pese a estar prácticamente terminada.
Esta obra era la pieza final del Gasoducto de la Costa, diseñada para aumentar la capacidad de transporte y garantizar mayor presión del gas en toda la región. Sin embargo, desde el Gobierno nacional no se ha informado un plan concreto para su reactivación, dejando en el limbo una infraestructura avanzada en más del 80%.
La denuncia reciente del Sindicato de la Industria del Gas de la Costa Atlántica (STIGAS) advirtió sobre una situación que va más allá de un simple retraso: la obra fue “frenada y posteriormente abandonada” en el marco de la paralización general de la obra pública impulsada por el Gobierno. Para el sindicato, esto representa un desaprovechamiento de recursos públicos y una señal negativa sobre la planificación energética a futuro.
Un proyecto clave, parado en la última etapa
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La planta compresora era la última etapa y la más importante para afianzar el sistema de gas regional. Su función principal era mejorar la presión del gas natural y asegurar la demanda en temporadas de alto consumo, tanto residencial como industrial. Sin esta obra concluida, la red sufre limitaciones estructurales y los usuarios enfrentan interrupciones y menor calidad del servicio.
Desde STIGAS señalaron que el abandono de la planta implica un deterioro progresivo del equipamiento ya instalado, lo que además genera pérdida económica e impacto negativo en la expansión futura de la red de gas. Esto afecta directamente a miles de usuarios que dependen de un suministro seguro y estable, especialmente en períodos fríos del año cuando las presiones en la red son mayores.
Planta Compresora: denuncias y críticas por la paralización
Las críticas no se han limitado a sectores gremiales. Representantes locales y políticos de la oposición han señalado que la paralización de la planta compresora fue una decisión política, vinculada directamente con el recorte de la obra pública a nivel nacional. El argumento central es que la obra estaba casi terminada y solo faltaban trabajos finales que podrían haberse ejecutado con una decisión política clara y financiación comprometida.
La falta de energía suficiente y confiable no solo repercute en la vida cotidiana de las familias, sino que pone en jaque actividades productivas, servicios y la competitividad de la región. En un contexto donde el consumo de gas puede aumentar significativamente, el freno de la planta compresora se ve como un error grave con consecuencias visibles para la sociedad.
¿Qué sucedió con los recortes en obra pública?
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Para comprender por qué se paralizó esta obra, es esencial analizar el contexto de recortes presupuestarios del Gobierno nacional desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023. Según informes oficiales y análisis de organizaciones como la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el gasto en obra pública se redujo alrededor de 62 % en términos reales entre 2023 y 2025, una caída drástica en inversión en infraestructura.
Esta contracción presupuestaria trajo como consecuencia la paralización o ralentización de numerosos proyectos de infraestructura en todo el país, incluyendo obras hídricas, rutas, comunicaciones y mejoras urbanas.
Consecuencias y expectativas
El caso de la Planta Compresora de Las Armas ilustra las consecuencias directas de una política de ajuste fuerte sobre la infraestructura pública: proyectos con alto grado de avance quedan congelados por decisiones administrativas que priorizan el equilibrio fiscal sobre la continuidad de las obras.
Frente a esta situación, algunos sectores planean hacer reclamos urgentes para reactivar no sólo esta obra específica sino también una agenda de inversiones públicas que responda a las necesidades reales del país.
A medida que avanzan los debates sobre el presupuesto y la política de obra pública, el caso de Las Armas se convierte en símbolo de la tensión entre austeridad económica y el derecho a servicios esenciales para la población.
